Desahuciados por la turistificación: “Me tiran de casa para alquilarla en Airbnb”

Si pensaban que España había aprendido la lección de en qué posición ubicar la vivienda en el catálogo de bienes protegidos de primera necesidad tras los daños provocados por la crecida y pinchazo posterior de la burbuja inmobiliaria, se equivocaron. La creciente turistificación de las grandes ciudades y su combinación con las plataformas de alquiler como Airbnb están provocando un nuevo fenómeno de expulsiones forzosas de personas de sus residencias habituales justificadas por la generación de nuevos negocios más rentables económicamente.

El problema del aluvión turístico y sus efectos sobre el mercado de alquiler han disparado precios en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Y poder tener mayores ingresos es una tentación demasiado grande para los propietarios como para dejarla correr. En el número 31 de la calle Buenos Aires de Valencia hay un edificio en el que todos sus ocupantes han abandonado el hogar este año. Ubicado en Russafa, un antiguo barrio de inmigración, reconvertido primero en refugio hípster y, ahora, en aspirante a monocultivo de apartamentos con destino a Airbnb, el inmueble, sin ascensor, tiene cinco plantas de viviendas envejecidas de techos altos y suelos de baldosas hidráulicas.

“En los primeros días de febrero la anterior propietaria nos comunicó la venta del edificio en una carta conjunta en la que nos convocaba a una reunión privada para discutir las nuevas condiciones pero en la que no decía que nos teníamos que ir”, explica Cristina Maestre, una de las inquilinas. Llevaba más de cuatro años viviendo en el inmueble y recibió con sorpresa el mensaje en esa reunión: los nuevos propietarios tenían intención de hacer reformas en el edificio y no iban a renovar los contratos de alquiler. En pocas palabras, se tenían que marchar. “Cada uno tenía un contato con una fecha. No nos podían echar de la noche a la mañana. Pero teníamos claro que la propiedad no iba a negociar nada, quería que nos fuéramos. De hecho, al día siguiente de cerrar la compra entraron los obreros a reformar los bajos de la finca. El ruido era muy fuerte”.

Teníamos claro que la propiedad no iba a negociar nada. Al día siguiente de cerrar la compra entraron los obreros a reformar los bajos. Con mucho ruido

Que los propietarios no quisieran renegociar condiciones de contratos que rondaban los 400 euros mensuales de renta indica que los planes que tienen en mente son otros. El edificio, según los datos facilitados por los antiguos inquilinos, tiene como propietario una comunidad de bienes domiciliada en el centro de Valencia denominada Poeta Llombart Dos, cuyo nombre recuerda mucho a Poeta Llombart Apartments, un edificio de apartamentos turísticos ubicado en el barrio de Ciutat Vella, en el número 1 de la calle del mismo nombre. Las personas detrás de Poeta Llombart Dos nunca han participado en las conversaciones, siempre han usado como intermediario a un administrador de fincas.

No hubo guerra judicial en este caso. Cada vecino, en su mayoría gente joven o de mediana edad, optó por negociar de manera individual. El pacto en muchos casos consistió en adelantar la fecha de salida a cambio de permanecer dos o tres meses sin pagar el alquiler. Maestre admite que los propietarios no hicieron nada ilegal, pero muestra su tristeza por haber tenido que abandonar su casa y afirma que, en otros casos, los pisos estaban ocupados por personas cuyos abuelos ya vivían allí. “No hicimos una protesta tal cual, pero sí hicimos una balconada. Una semana antes de irnos montamos una fiesta de despedida en la terraza de arriba con un recital poético”. Fruto de esos encuentros surgió este microdocumental en vídeo que algunos de los vecinos grabaron para explicar su experiencia. Ninguno se ha quedado en el mismo barrio. De hecho son muchos los vecinos que se están largando. Maestre relata el caso de otro edificio en la calle Cádiz que vivió la misma situación que el de Buenos Aires. Sus ocupantes negociaron la salida para que los dueños pudieran ofrecerlo a turistas.

“Esas familias fueron expulsadas. Enseguida empezaron las obras, tirando tabiques para hacer apartamentos más pequeños. No se renovaron los contratos de alquiler ni dieron opción de renegociar las condiciones”, señala Inma Bausset, de Entrebarris, un colectivo vecinal muy crítico con la creciente turistificación de Valencia y sus efectos sobre los residentes con menos posibilidades económicas de los barrios más afectados. Algunas asociaciones han comenzado a movilizarse y a exigir al Ayuntamiento que dirige Joan Ribó que ponga orden en la proliferación de apartamentos turísticos y a la Generalitat de Ximo Puig y Mónica Oltra que pongan en marcha políticas reales de vivienda social para compensar este tipo de situaciones.

Un caso claro de gentrificación (llegada de nuevos residentes de más poder adquisitivo que expulsa a los anteriores) es el que están sufriendo Consuelo Renovell y su hijo Hugo Ventura. Viven desde siempre cada uno en un piso en un edificio de solo dos plantas y bajo en la calle Na Jordana, en pleno barrio del Carmen o Ciutat Vella. El barrio ha estado muchos años degradado. Pero de un tiempo a esta parte, algo más de un lustro, coincidiendo con el 'boom' turístico de la ciudad, se ha revalorizado y está modificando su perfil sociológico. Ella tiene 84 años y él ronda los 45, asegura estar en paro y apenas pagan alquiler porque los pisos fueron arrendados a finales de los sesenta (se hicieron contratos legales en 1990) por la familia en un régimen de renta antigua. Hace algo más de un año la inmobiliaria que era propietaria del inmueble lo vendió a una pareja de jóvenes arquitectos, con un despacho, LulArquitectos, especializado en reformas.

Hugo ha sido demandado en lo que se conoce como procedimiento de desahucio por precario, figura jurídica que se refiere a aquel que no paga alquiler y ocupa un inmueble hasta que pierde el permiso de su propietario. Los dueños afirman que vive en el edificio sin tener contrato y quieren que se vaya. Él se defiende afirmando que se subrogó verbalmente el contrato original de su padre, fallecido hace años y que ha pagado siempre la contribución y el alquiler de menos de cinco euros. “No tengo recursos. Estoy separado y mis hijos vienen a verme los fines de semana. Mi familia vive aquí desde los años sesenta. Me quieren tirar para hacer negocio”, afirma.

Una decreto de Miguel Boyer como base legal

Abierto el proceso judicial contra Hugo, pendiente de juicio, el despacho de abogados que representa a la pareja de arquitectos remitió esta misma semana también a su madre Consuelo una carta en la que, amparándose en el Real Decreto lanzado por Miguel Boyer en 1985 que terminó con las prórrogas automáticas de los contratos de arrendamientos urbanos, comunica a la anciana que el suyo queda “definitivamente extinguido y resuelto el próximo día 1 de octubre de 2017”, y le dan de plazo hasta entonces para desalojar la vivienda. “En caso contrario nos veremos obligados a iniciar cuantas acciones legales correspondan en defensa de los derechos de mis mandantes, con los consiguientes gastos que ello le pudiera ocasionar”, advierte la misiva del letrado.

A preguntas de El Confidencial, uno de los dos arquitectos, Fernando Roche, afirma que han iniciado los desalojos ante la negativa de los inquilinos a negociar nuevas condiciones de alquiler. “Hicimos ofertas para subir la renta. Nos dijeron que estaban dispuestos a pagarnos hasta 150 euros al mes en dos años. Nosotros le dijimos a él, que no tiene contrato, que si abandonaba el piso de forma voluntaria no teníamos inconveniente en legalizar el de su madre. Hemos ofrecido varias posibilidades”. Al no haber acuerdo, los dos arquitectos han decidido iniciar también el desalojo de la anciana. El propietario asegura que su intención es que los pisos sean su primera residencia “y lugar de trabajo”. Preguntado sobre si no sabían cuál era la situación de las viviendas cuando las compraron, Roche contesta: “Sabíamos alguna cosa”.

El inmueble, en cualquier caso, está en la ruta de los apartamentos turísticos. El bajo del edificio, que tiene otro propietario, aparece muy bien identificado en el portal de Airbnb como alojamiento en alquiler.