Falsa bomba contra el juez que investiga la trama rusa de Puigdemont

El magistrado Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, recibió hace una semana un paquete bomba simulado que logró burlar todos los sistemas de seguridad de la Ciudad de la Justicia. Aguirre lleva temas tan sensibles como la investigación de la trama rusa que salpica a Carles Puigdemont, la operación Voloh o del caso Negreira, sobre la corrupción de los árbitros.

Este magistrado mantiene imputados a importantes dirigentes independentistas, entre ellos Xavier Vendrell (exsecretario de Organización de ERC y exconsejero de Gobernación); Josep Lluís Alay, jefe de la Oficina de Carles Puigdemont; Gerard Figueras (exsecretario de Deportes de la Generalitat); Xavier Vinyals (presidente de la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes); Víctor Terradellas (exresponsable de relaciones internacionales de Convergència Democràtica de Cataluña). También investiga al diputado de Junts Francesc Dalmases, el mayor apoyo que tiene Laura Borràs en el partido y en el Parlament y que fue sancionado por la Cámara por presionar a una periodista de TV3). Las pesquisas salpican a una treintena de altos cargos del Govern y de la Diputación de Barcelona, cuando esta estaba en manos de CiU. Una de las ramificaciones sigue la pista a millones de euros canalizados desde la Diputación y desde la secretaría de Deportes de la Generalitat que podrían haber servido para pagar gastos políticos del procés.

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El paquete bomba se recibió la pasada semana en las dependencias del juzgado. Se trataba de una caja de cartón rellena con bolsas de plástico y con relojes en su interior. Sorpresivamente, pasó todos los controles, pese a que en el escáner se veían mecanismos que eran sospechosos. Al final, se trataba de una bomba simulada. La cadena de despropósitos hubiera permitido que el artefacto estallase en pleno corazón del juzgado si la bomba llegaba a ser verdadera.

La Brigada de Información de los Mossos d’Esquadra se hizo cargo de las investigaciones, aunque sorpresivamente no judicializó el caso. De hecho, ha intentado minimizar el asunto, reduciéndolo a que sólo se trata de un artefacto simulado. Sin embargo, la naturaleza de los asuntos que investiga el magistrado Aguirre hace temer que este sea sólo el comienzo de una espiral de amedrentamiento para que no siga con sus pesquisas.

La trama rusa

Uno de los asuntos más candentes que lleva es el de las investigaciones sobre los contactos del independentismo con el Kremlin y con agentes rusos. Por sus investigaciones se conocieron los viajes a Moscú tanto de Víctor Terradellas como de Josep Lluís Alay, jefe de la Oficina de Carles Puigdemont. Ambos se entrevistaron con agentes del FSB (antigua KGB). Los contactos permitieron que supuestos agentes se desplazasen incluso a Barcelona, donde se entrevistaron en octubre de 2017 con el entonces presidente catalán Carles Puigdemont. También mantuvieron reuniones con Elsa Artadi, entonces la persona de mayor confianza de Puigdemont en el Govern.

Con posterioridad, el ya expresident siguió manteniendo contactos con oscuros personajes rusos en Ginebra (Suiza) mientras medios de comunicación dedicados a la desinformación, como Sputnik o Russia Today, le daban amplia cobertura a sus propuestas y a sus maniobras. Según los informes aprobados por el Parlamento europeo, el caso catalán interesaba a Moscú como efecto desestabilizador de Europa y de ahí que, en un momento determinado, Vladímir Putin hubiese puesto su punto de mira en el independentismo catalán.

Aguirre fue también el primero en desmontar la plataforma clandestina Tsunami Democràtic, que organizó las violentas protestas de otoño de 2019 contra la sentencia del 1-O, en que fueron condenados varios miembros del Gobierno catalán por haber organizado el referéndum ilegal. Luego, se inhibió cuando el magistrado de la audiencia Nacional, Manuel García Castellón, abrió sumario sobre Tsunami por la realización de actos terroristas. La empresa que organizaba todas las concentraciones independentistas del último decenio, Iniciatives Events, también está siendo investigada y sus dos propietarios llegaron a ser detenidos.

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Con estos antecedentes, el hecho de que se haya colado en el juzgado un paquete con una falsa bomba fácilmente detectable no deja de sorprender, especialmente cuando incluso un pequeño teléfono móvil o un encendedor es detectado en los sistemas de control de la entrada. También sorprende la parsimonia de la investigación sobre el suceso por parte de la Brigada de Información. La Conselleria de Interior no ha dado ningún dato sobre el particular.

Fuentes del personal judicial, no obstante, hablan de “negligencia a todos los niveles en un caso tan grave como esta amenaza a un magistrado que investiga temas sensibles”.