La condición que impide a Pedro Sánchez convocar el lunes elecciones generales en España

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Las restricciones constitucionales actuales impiden que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda convocar elecciones generales anticipadas este lunes. De acuerdo con la normativa vigente, concretamente en el artículo 115, se especifica que es necesario esperar un año desde la última disolución de las Cortes Generales antes de poder emitir un nuevo decreto para su disolución y la consiguiente convocatoria a elecciones.

Limitaciones temporales y gubernamentales

Esta medida está diseñada para evitar un uso excesivo de la facultad de disolver el parlamento como herramienta política, procurando así mantener un periodo de estabilidad legislativa. El último proceso de disolución se realizó tras los comicios del 28 de mayo del pasado año, por lo que hasta el 29 de mayo de este año no se completará el plazo establecido por la ley.

Además, existe otra limitación significativa: los gobiernos en funciones no tienen la autoridad para disolver las Cortes. Esto implica que, en caso de que Sánchez decidiera renunciar, sería necesario iniciar una nueva ronda de consultas para la investidura de un nuevo presidente antes de considerar la posibilidad de nuevas elecciones.

En el caso de que Pedro Sánchez decida dimitir, el Gobierno cesaría y quedaría en funciones, tal como establece el artículo 101 de la Constitución. Este artículo precisa que el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su presidente. Un Gobierno en funciones se limita al despacho ordinario de los asuntos públicos y debe facilitar la toma de posesión del siguiente gobierno.

¿Qué sucede tras el cese del Gobierno? Según la Constitución, el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. El Rey debe proponer un nuevo candidato a la Presidencia del Gobierno conforme al artículo 99. Para ello, la Presidencia del Congreso convoca el pleno de investidura, donde el candidato debe obtener la mayoría absoluta del Congreso en la primera votación o una mayoría simple en una segunda votación que se realiza 48 horas después.

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Si se cumple con el requisito del año y se procede a la disolución, las próximas elecciones deberían organizarse para celebrarse el 21 de julio. Esto respetaría el plazo mínimo de 54 días desde la convocatoria hasta la jornada electoral, de acuerdo con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General vigente.

Este marco legislativo refleja el equilibrio entre la necesidad de estabilidad del Gobierno y la capacidad del sistema político para adaptarse a cambios significativos en la voluntad popular, asegurando así una representación democrática efectiva en España.