El Supremo rechaza el recurso de Ayuso contra el nuevo currículo de Bachillerato

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Comunidad de Madrid contra el currículo de Bachillerato que se aprobó en el marco de la conocida como ley Celaá. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunció en junio de 2022 que recurriría el real decreto del Gobierno de Pedro Sánchez por "la falta de contenidos" que adolece el mismo y su "elevada carga ideológica", pero los magistrados descartan sus argumentos y apuntan a que aún goza de competencias para "complementar la norma estatal".

El debate se ha centrado en el anexo del real decreto que establece la nueva ordenación y enseñanzas mínimas del Bachillerato. La Comunidad de Madrid defendía que esta norma traspasaba "la noción de enseñanzas mínimas" y no le dejaba "margen de regulación", un planteamiento que, según advierte el Supremo, le llevaba a solicitar nulidad de todas las materias y no solo de "una o varias".

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Frente a esta supuesta imposibilidad de ejercer sus competencias, los magistrados recuerdan que Ayuso aprobó en julio de 2022 su propio decreto sobre "la ordenación y el currículo" en la Comunidad de Madrid. “Podría habernos ilustrado en qué medida no habría podido complementar la norma estatal", critican. "Lo cierto es que en el preámbulo de su decreto expone que con tal disposición ejerce cumplidamente su competencia".

La sentencia destaca que la iniciativa probatoria del Gobierno autonómico se limitó, además, a reproducir el anexo impugnado y a señalar algunas materias para evidenciar "la completitud de la regulación". Según concluye, "ese espigueo se torna inadecuado por la diversidad de materias y porque el reproche no se basa en aspectos objetivables, (...), sino que afecta a contenidos que exigirían de la actora una prueba en la que unos expertos ilustrasen que esos contenidos son, como afirma, agotadores".

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Para tratar de resolver este escollo, el expediente se completó con "las observaciones de la Real Academia de la Historia" y "algunos colegios profesionales", pero, al presentar su demanda y sus conclusiones, los magistrados señalan que no merecieron "consideración alguna" por parte de la Comunidad de Madrid.

La sentencia sigue el mismo razonamiento ante los supuestos "sesgos ideologizantes" de asignaturas como Historia de España o Historia del Mundo Contemporáneo: "Es en esas materias en las que alguna utilidad probatoria habría tenido las observaciones de la Real Academia de la Historia que, sin embargo, silencia", critica. "De ser cierta esa suposición y viendo cómo la Comunidad de Madrid ha completado las enseñanzas mínimas con su decreto, no sólo silencia que no haya podido completarlas sino, además, reorientarlas hacia planteamientos neutrales".

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El Supremo rechaza también el argumento de que el Gobierno no cumplió el trámite de “previa consulta” a las comunidades autónomas con esta norma educativa. "Esa previa consulta no se prevé revestida de las formalidades propias de un trámite procedimental específico", explica. El trámite, por tanto, no va más allá de "un mandato que el legislador dirige a la Administración del Estado para que, al fijar el contenido básico de una materia, oiga y recabe antes el parecer de otras administraciones educativas".

La doctrina del Tribunal Constitucional descarta a su vez que esta clase de currículos se establezcan como una decisión "conjunta", y la Comunidad de Madrid en ningún momento llegó a probar que hubiera sido ignorada.