Amplían la investigación a las empresas del caso de los contratos de carreteras de Cantabria
El Gobierno de Cantabria solicitó la medida. Hasta ahora estaban imputados los administradores de las compañías como personas físicas
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El Juzgado de Instrucción número 5 de Santander ha ampliado la investigación de la presunta trama de adjudicaciones irregulares de contratos de carreteras de Cantabria a las tres empresas implicadas en el caso, ya que hasta ahora solo se estaba investigando a sus administradores como personas físicas. Así lo ha comunicado este miércoles el Gobierno de Cantabria, que solicitó esa medida cautelar para apartar a las empresas presuntamente implicadas de los nueve expedientes que tienen abiertos con la Consejería de Obras Públicas y en los que participó el funcionario que permanece en prisión por estos hechos.
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La investigación señala a este funcionario como el cabecilla de una trama familiar para introducir en el circuito legal el dinero que recibía de manos de los administradores de esas empresas a cambio del supuesto amaño de los contratos que se les adjudicaban.
En el caso han sido detenidos, aunque en libertad con cargos, cuatro empresarios, administradores de las empresas que ahora se investigarán como personas jurídicas, además de la mujer y las hijas de ese funcionario.
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En un comunicado, el Ejecutivo cántabro ha señalado que el Juzgado ha abierto un plazo para que las empresas se personen en la causa con abogado y procurador. Una vez personadas, las partes serán convocadas a una vista en la que podrán alegar sobre la prohibición de contratar solicitada por el Gobierno, que considera "que no sería responsable contar con ellas a la hora de determinar la adjudicación de los expedientes en los que intervino el funcionario detenido".
Por otro lado, el juzgado ha rechazado la segunda medida cautelar pedida por el Ejecutivo cántabro para la apertura de una cuenta bancaria donde consignar las cantidades pendientes de abonar por las obras ya ejecutadas con participación de esas empresas investigadas, en cuya adjudicación intervino el funcionario. En este caso, la juez estima que no procede la tutela judicial porque las obras pendientes de pago no forman parte de la investigación en marcha.
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El Gobierno regional se personó como parte perjudicada en este caso, después de que efectivos de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Agencia de Administración Tributaria registraran hace dos semanas la Consejería de Obras Públicas de Cantabria.
Esta presunta trama de corrupción ha forzado la salida del consejero del área, José Luis Gochicoa y del número dos de este departamento, así como el cese de un alto cargo de la Consejería, que no está investigado pero tenía agendada una comida en el Celler de Can Roca con varios de los implicados.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Santander ha ampliado la investigación de la presunta trama de adjudicaciones irregulares de contratos de carreteras de Cantabria a las tres empresas implicadas en el caso, ya que hasta ahora solo se estaba investigando a sus administradores como personas físicas. Así lo ha comunicado este miércoles el Gobierno de Cantabria, que solicitó esa medida cautelar para apartar a las empresas presuntamente implicadas de los nueve expedientes que tienen abiertos con la Consejería de Obras Públicas y en los que participó el funcionario que permanece en prisión por estos hechos.