El diputado Casero niega prevaricación y apunta a errores administrativos ante el juez
"He dejado claras unas cuestiones que tanto el fiscal como el juez entendían que había que aclarar y, a partir de ahora, a esperar la decisión de la Justicia", ha explicado a la salida del Supremo
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El diputado del PP Alberto Casero ha declarado este lunes como investigado ante el Tribunal Supremo. La Fiscalía ve indicios de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos en una serie de contratos públicos durante su etapa como alcalde de Trujillo (Cáceres), pero él ha negado corrupción alguna ante el magistrado Andrés Palomo. Según explican fuentes jurídicas, ha apuntado a irregularidades administrativas que en ningún caso conllevan la comisión de un delito.
Las contrataciones investigadas abordan cuatro cuestiones: el fichaje de un psicólogo, una gala de premios, un convenio con la Cámara de Comercio de Perú y la promoción de la Feria Nacional del Queso. Al gozar de aforamiento como diputado, solo el Supremo puede abrir una causa contra él y, tras ofrecerle declarar de forma voluntaria, el propio Casero ha acudido al tribunal. De esta manera, el magistrado no ha tenido que tramitar un suplicatorio para pedir al Congreso que le levantara el aforamiento.
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"Yo creo que ha ido bien, una declaración con normalidad, tranquilo", ha explicado el propio Casero a la salida del Supremo. "He dejado claras unas cuestiones que evidentemente tanto el fiscal como el juez entendían que había que aclarar y, a partir de ahora, a esperar la decisión de la Justicia, que en eso estamos". "Creía que no había nada que ocultar y creía que podía aportar cuestiones nuevas que aclararan algunas dudas que pudieran surgirle".
La investigación proviene del Juzgado de Instrucción Número Dos de Trujillo, que en febrero pidió investigarle por una serie de contratos que se remontan a 2017 y 2018. La magistrada apuntaba solo a un posible delito de prevaricación, pero la Fiscalía del Tribunal Supremo añadió el de malversación, sancionado con penas de cárcel. Pese a ello, la defensa de Casero ha insistido este lunes en que los hechos investigados no van más allá de errores administrativos y, por tanto, descartan la vía penal.
La investigación de Trujillo
En su exposición razonada, la jueza de Trujillo apunta a una serie de contratos, acuerdos o convenios concertados por Casero como alcalde de la localidad. Según argumenta, estos presentan indicios sólidos de que se realizaron sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, comprometiendo el pago de diversas cantidades, sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios, tal y como prueba documental y testifical que incluye el juzgado en su documento.
Entre ellos destaca lo ocurrido en marzo de 2017, cuando contrató a un psicólogo sin comunicárselo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto. Seis meses después, en septiembre, también firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento.
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Ese mismo año, Casero acordó verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y, una vez más, sin informar a los servicios del Ayuntamiento. En junio de 2018, el ahora diputado firmó, además, un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros, asumiendo, además, otros costes, sin seguir procedimiento alguno de contratación.
La exposición razonada finaliza apuntando a otros dos hechos ocurridos en 2018: la contratación de la empresa Icaro Consultores en Comunicación para la organización de un evento por importe de 14.303 euros más IVA, sin informar a los servicios competentes y sin seguir el procedimiento adecuado, y la contratación de Radio Interior SL para la promoción de la Feria del Queso de Trujillo por más de 15.000 euros, acudiendo para ello al proceso de contrato menor sin que la cuantía encajase con el mismo.
El diputado del PP Alberto Casero ha declarado este lunes como investigado ante el Tribunal Supremo. La Fiscalía ve indicios de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos en una serie de contratos públicos durante su etapa como alcalde de Trujillo (Cáceres), pero él ha negado corrupción alguna ante el magistrado Andrés Palomo. Según explican fuentes jurídicas, ha apuntado a irregularidades administrativas que en ningún caso conllevan la comisión de un delito.