La baja por la regla desata la tensión en el Gobierno en plena negociación de la ley del aborto

El Ministerio de Igualdad mantiene su intención de llevar el próximo martes al Consejo de Ministros la futura ley del aborto, pero varios de los ministerios implicados en la reforma se han visto sorprendidos por el anuncio y se negocian todavía aspectos claves de la nueva norma. El anteproyecto consensuado entre Igualdad y Sanidad establece, por ejemplo, la posibilidad de acceder a una incapacidad temporal por una menstruación dolorosa, pero el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha afirmado este jueves que es una medida "en discusión" dentro del Gobierno de coalición. Socialistas y morados han dejado claras sus discrepancias públicamente, cuando se ultiman los detalles del texto.

"Nuestra posición es que esta ley tiene que armonizar dos elementos: mejorar la protección de las mujeres y también impulsar su participación en mejores condiciones del mercado de trabajo", ha señalado a los periodistas. La propia Nadia Calviño, vicepresidenta primera y titular de Asuntos Económicos, al ser cuestionada por la propuesta, ha asegurado que el Ejecutivo no va a aprobar "ninguna medida que estigmatice a las mujeres".

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Desde el sector de Unidas Podemos, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado "absolutamente de acuerdo" con la medida, porque hay que hacer "política laboral de género", y ha incidido en que lo que "estigmatiza" a la mujer no son este tipo de decisiones, sino el hecho de "no tener la sensibilidad suficiente" para comprender que mujeres y hombres son "diferentes". La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha negado que estas bajas supongan una discriminación si las asume la Seguridad Social: "Lo esencial es que cuando la administración pública asume esta prestación, los empresarios no pueden alegar que resultaría discriminatorio".

También se han pronunciado los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, que la han considerado positiva, aunque han reclamado que este asunto se aborde en la mesa de diálogo social.

El departamento de Escrivá tiene, del mismo modo, sobre la mesa la propuesta de que las mujeres puedan acceder a un permiso retribuido desde la semana 36 hasta el parto y las bajas en caso de aborto. Está asimismo en el aire la idea de un IVA cero para compresas, tampones y pañales. El acuerdo de coalición de gobierno entre el PSOE y Podemos hablaba de situarlo en el tipo reducido del 4% y Hacienda guarda silencio al respecto.

Justicia examina la propuesta

Por su parte, el Ministerio de Justicia está examinando otras propuestas, como las medidas diseñadas para luchar contra la gestación subrogada, prohibida en España pero que en otros países es legal. Igualdad planteó en su borrador que los tribunales españoles puedan perseguir judicialmente a quien recurra a los vientres de alquiler en el extranjero y también prohibir la publicidad de las agencias que actúan como intermediarias.

Fuentes del departamento que encabeza Pilar Llop han indicado que están estudiando el texto y haciendo comentarios, pero han evitado entrar en el fondo del asunto. Fuentes de Igualdad destacan que la norma se ha trabajado con Sanidad, el ministerio "coproponente", y siguen optimistas en esta última fase de la negociación con los otros departamentos implicados para que el anteproyecto llegue el martes cl Consejo de Ministros.

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A su juicio, es normal que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social se muestre reticente ante algunas de las medidas planteadas, como las bajas para reglas dolorosas, porque "los avances en materia de igualdad cuestan". Según sus cálculos, la propuesta del IVA cero tendrían un coste asumible para el Estado de 30 millones de euros al año.

Todas estas iniciativas se han ido añadiendo a lo que era el objetivo primero de la reforma de la ley del aborto: acabar con la exigencia del consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años, un requisito que incluyó el PP en 2015 en la ley de plazos que aprobó en 2010 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El proyecto recoge también medidas para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, para lo que se crearán registros de médicos objetores de conciencia que permitirán organizar los servicios.