Aragonès impone cursillos de “integridad” a sus altos cargos para evitar corrupción

La Generalitat de Cataluña ha aprobado la obligatoriedad de que todos sus altos cargos y el personal directivo de las empresas públicas tengan una instrucción en ética e integridad pública. “Se trata de una formación de nueva creación que tiene como objetivo reforzar la cultura ética dentro de la Generalitat y su sector público, de acuerdo con lo que prevé la estrategia de lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la integridad pública”, según una nota del propio Govern.

Mercè Crosas, secretaria de Transparencia y Gobierno Abierto, señaló que es necesario “generar conciencia, sensibilizar y fomentar un cambio cultural que incorpore la integridad ética dentro de la organización, juntamente con una supervisión efectiva y una evaluación de su impacto”. En otras palabras, se trataría de aleccionar en ética a los responsables de la Administración. Además, la realización de esos cursillos será imprescindible para poder adherirse al Código de Conducta de los altos cargos y personal directivo, que, curiosamente, data de junio de 2016.

El Código de Conducta contempla el despliegue de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y establece los principios éticos que han de ser respetados en la actuación pública. Desde su aprobación, no obstante, el Govern ha escatimado información a la oposición, que ha llegado a pedir en varios casos el amparo del presidente del Parlament y, a tenor de las sentencias judiciales, ni la transparencia ni las buenas prácticas fueron la tónica general tras la aprobación del decálogo.

“El aprendizaje en ética consiste en un breve itinerario lectivo que incluye, entre otros, la identificación de las diferentes éticas que interactúan con las tareas del personal directivo o cómo incrementar la responsabilidad ética y la resolución de casos prácticos”, dice la nota oficial de la Generalitat. El responsable de los cursillos en el Govern será el doctor en filosofía y profesor de Bioética de la Universidad de Vic Marcel Cano.

Un Código con 25 medidas

Según el Govern, la incorporación de esta formación “permitirá dotar de la máxima efectividad el Código de Conducta y poner en valor este instrumento como guía para la actuación pública de los altos cargos y personal directivo”. El Gobierno catalán aprobó una estrategia de lucha contra la corrupción tras un proceso participativo.

De ese proceso nació un documento que incluye 25 actuaciones, entre ellas, implantar consultas preliminares en el mercado en la contratación pública, elaborar un nuevo anteproyecto de ley de finanzas, detectar el fraude fiscal a través de delitos vinculados a la corrupción y viceversa, publicitar de manera agregada todos los datos académicos, profesionales y patrimoniales de los altos cargos, establecer un protocolo de buenas prácticas en el acceso al empleo y promoción profesional, comprobar la veracidad de las declaraciones de los directivos, determinar el contenido mínimo de las agendas que se ha de hacer público, asesorar a los altos cargos para detectar y gestionar los conflictos de intereses e incompatibilidades, poner en marcha un sistema integral de protección de alertadores internos y externos que garantice su confidencialidad para evitar represalias o hacer una campaña de sensibilización sobre integridad, entre otras.

“Los altos cargos tenemos una gran responsabilidad hacia la ciudadanía y el servicio público y, por tanto, es decisivo que seamos los primeros en estar preparados para, tal y como dice el código de conducta, tener y demostrar un comportamiento ejemplar en beneficio del interés público y la máxima transparencia y trazabilidad en la toma de decisiones”, explicó Crosas.

La formación en estas cuestiones, según el Govern, “es un instrumento de gestión ética imprescindible, juntamente con los códigos de conducta, acciones de sensibilización y difusión y el conjunto de instrumentos de seguimiento, control y/o auditoría ética, que han de permitir avanzar hacia un sistema institucional de integridad”. La medida está impulsada por la Secretaría de Gobierno Abierto, por la de Administración y Función Pública y por la Escuela de Administración Pública de Cataluña (EAPC). La medida, añade la Generalitat en su nota, está alineada “con el Objetivo para el Desarrollo número 16 de la Agenda 2030 y sigue las recomendaciones de la Oficina Antifraude y de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, Transparencia Internacional y las Naciones Unidas para reducir el riesgo de corrupción”.