Comienza por Madrid

La Fiscalía controla ya las residencias y reclama sus protocolos ante la segunda ola

Recopila datos exhaustivos de actuación de los centros para conocer las medidas previstas en caso de detectarse nuevos positivos y evitar mala praxis

Foto: La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en un acto.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en un acto.
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La Fiscalía General del Estado ha tomado desde ya medidas preventivas de cara a la proliferación de nuevos casos de covid en las residencias de mayores. Un decreto firmado por el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, ordena a las fiscales provinciales que incrementen la labor de supervisión de los centros de la Tercera Edad que constituyen una de las principales preocupaciones ante la segunda ola, cuyos efectos ya comienzan a notarse. La iniciativa se adopta "ante el incremento de contagios confirmados en las últimas semanas".

Ha sido la Fiscalía de Madrid la primera en abrir lo que pretende ser una recopilación extensa de datos de actuación destinada "a tomar conocimiento de los protocolos de actuación y las medidas previstas en caso de detectarse nuevos positivos". El departamento que dirige Dolores Delgado remite el oficio de la fiscal jefe de la provincial de la capital para que sirva de modelo de este sistema de supervisión en el resto del territorio.

El oficio que ya ha sido enviado a las residencias madrileñas detalla a lo largo de tres páginas cuál es la información que los centros de mayores y discapacitados —donde el virus se cebó con especial virulencia en la primera ola de marzo— deben remitir "de manera urgente". Los directores tienen que comunicar los datos reclamados a través de un correo electrónico. En el caso de Madrid, el Ministerio Público destaca que los casos pasaron de 238 a fecha 1 de julio a 583 el 31. El 7 de agosto eran ya 1.220. El número acumulado de fallecidos en centros sociosanitarios (excluidos los hospitales) alcanzó los 4.826 a fecha 7 de agosto.

"El incremento de contagios confirmados en la población supone un riesgo cierto para quienes residen en centros de mayores y personas con capacidad modificada judicialmente en tanto continúen manteniéndose las visitas a los residentes", dice el escrito en el que se recuerda que la Consejería de Sanidad y la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad ha establecido unos criterios de actuación frente al covid que deben cumplirse.

Quiere saber cómo se han adaptado las actuaciones al protocolo obligatorio. La orden es que un único caso ya se contempla como un brote

El Ministerio Fiscal ordena esta información en el marco de las funciones de supervisión y protección de las personas especialmente vulnerables que le competen. Quiere conocer cómo se ha adaptado la actuación del centro al protocolo obligatorio, cuáles son las medidas ya adoptadas y cuáles se prevé adoptar en caso de detectarse en el centro un solo caso positivo. La orden es que un único caso ya se contempla como un brote.

Documentación y planes

Las residencias madrileñas, a las que se sumarán todas las del resto del territorio, al menos en lugares con especial incidencia como Aragón o Cataluña, no pueden limitarse a informar. Tienen que remitir documentación, aclara el oficio. Se pide copia de sus planes de contingencia y pide saber el estado actual en que se encuentran las personas internadas. "Se debe indicar si hay algún mayor que haya dado positivo en covid, si se ha producido algún ingreso en hospital por esta enfermedad y si ha habido algún fallecimiento", dice la Fiscalía de Madrid.

La fiscal también reclama saber con qué frecuencia se están realizando las pruebas PCR, qué criterios se siguen para su aplicación, y si se realizan en el propio centro o de otra manera. Solicita información sobre si algún miembro del personal del centro está enfermo o ha dado positivo y si se cuenta en cada centro con personal suficiente, sobre todo personal de enfermería y médicos.

Habitaciones de aislamiento

En este listado exhaustivo de datos reclamados, las Fiscalías incluirán el conocimiento del material de protección y el estado de las instalaciones. El oficio reclama saber si las residencias cuentan con material de protección suficiente, si tienen habitaciones para el aislamiento de los enfermos por covid con respecto al resto de los residentes. No se excluye las órdenes respecto a las visitas y preguntan si todavía se permiten, su frecuencia y su duración de las mismas, así como si hay un registro de cada una de ellas.

Un usuario se asoma a la ventana en la residencia de mayores de Zorrozgoiti en Bilbao (Bizkaia). (EFE)
Un usuario se asoma a la ventana en la residencia de mayores de Zorrozgoiti en Bilbao (Bizkaia). (EFE)

"¿Cuál es el número de personas contagiadas (residentes o personal trabajador) que han contemplado como umbral para suprimir las visitas al centro?", preguntan también los fiscales que quieren conocer cuál es el canal de comunicación con las familias para informar si su pariente ha dado positivo, así como la evolución que esta persona pueda experimentar.

La Fiscalía inició hace meses una labor de especial control de lo sucedido en las residencias y son ya casi tres centenares las diligencias penales abiertas para investigar si en alguno de los centros se cometió algún delito. Madrid es la autonomía que más acumula hasta el momento.

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