El fin del estado de alarma manda al limbo un millón de multas
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Resquicio en la ley del 81

El fin del estado de alarma manda al limbo un millón de multas

La ley indica que cuando acabe la excepción, dejan de ser válidas las medidas adoptadas respecto a las sanciones, salvo las que ya sean firmes

placeholder Foto: Un agente de la Policía Municipal de Madrid pone una multa durante el estado de alarma. (EFE)
Un agente de la Policía Municipal de Madrid pone una multa durante el estado de alarma. (EFE)

Un millón de sanciones quedarán en el limbo de la indeterminación a partir del próximo 21 de junio, día en que el estado de alarma acabará en toda España después de más de tres meses. Los despachos de abogados que se ocupan de recurrir estas multas en nombre de los afectados han encontrado un resquicio en la ley en la que se apoyó el real decreto por el que se declaró que puede desactivar todas aquellas que no sean firmes antes del próximo domingo.

El argumento para dinamitar la tramitación por parte de las administraciones de estas propuestas elevadas por los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se encuentra en la norma que permitió al Ejecutivo declararlo. La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Desde su arranque, ya en el artículo 1, la norma precisa que una vez finalizada su vigencia, "decaerán en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden a actuaciones preventivas correspondan a las autoridades competentes, así como las concretas medidas adoptadas con base en estas, salvo las que consistiesen en sanciones firmes".

Foto: Un patrullero de la Policía Nacional, en Sevilla, el pasado 20 de abril. (EFE)

Aunque el textual del artículo parece bastante claro, los multados no las tienen todas consigo. La norma jurídica puede interpretarse de varias maneras, y al final todo dependerá de lo que decidan interpretar políticamente el Gobierno de turno y los jueces de lo contencioso. Antecedentes no hay. La indeterminación viene de que, desde que se dictó, no se ha aplicado en 40 años.

Por ejemplo, el real decreto se desarrolló a través de nuevos decretos u órdenes ministeriales y, en ningún momento, incluyó un régimen sancionador específico. El Ministerio del Interior se basó en el incumplimiento de otras leyes que ya existían. En las instrucciones que el departamento de Fernando Grande-Marlaska ha ido dando a las policías y la Guardia Civil, para orientar y graduar la incoación de sanciones por incumplir el confinamiento generalizado, se fijaban multas de entre los 601 euros y los 10.400 euros en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza.

Durante estos tres meses, ha habido de todo. Muchos juristas reconocían que las multas eran necesarias para controlar, en muchos casos, la observancia del encierro obligatorio en los hogares. Pero también se han producido excesos de celo que dieron lugar a situaciones injustas. Recintos religiosos desalojados, multas por comida inadecuada, detenciones por delitos de desobediencia e incluso de odio, advertencias de agentes por el uso de lugares que, sin embargo, no son públicos, como las azoteas, o por la elección de la residencia donde el ciudadano escoge confinarse.

Foto: Un hombre con mascarilla pasa delante de una farmacia en Madrid, el pasado 3 de junio. (EFE)

El último recuento proporcionado, de finales de mayo, cifraba en 1.013.747 las propuestas de sanción impuestas, a las que se sumaban 8.418 detenidos. Como en una montaña rusa, el inicio de la desescalada supuso también un descenso de las multas, mucho más elevadas en las semanas iniciales que en las del final. Pero siguen imponiéndose. Incluso el decreto de la llamada 'nueva normalidad' prevé para aquellos que no lleven mascarilla en los casos obligados 100 euros de sanción.

El laboratorio para probar la validez del recurso por esta disposición que parece borrar de un plumazo todas las que no sean firmes está siendo Galicia. Ha sido la primera comunidad que ha quedado fuera del estado de alarma. Ha abandonado este lunes de forma anticipada la fase 3 de la desescalada y, por ello, son los multados allí quienes primero probarán el argumento para solicitar archivar expedientes sancionadores abiertos.

A esta arma legal se suma contra la tramitación efectiva su enorme volumen de multas, que provocará que, en muchos casos, acaben convirtiéndose en papel mojado. Gran parte de ellas quedarán desactivadas, atrapadas en las dificultades de tramitación y en la falta de personal de muchas de las delegaciones de gobierno donde han ido acumulándose semana tras semana. El reloj también va a favor, ya que, transcurridos seis meses, el expediente caduca.

Un millón de sanciones quedarán en el limbo de la indeterminación a partir del próximo 21 de junio, día en que el estado de alarma acabará en toda España después de más de tres meses. Los despachos de abogados que se ocupan de recurrir estas multas en nombre de los afectados han encontrado un resquicio en la ley en la que se apoyó el real decreto por el que se declaró que puede desactivar todas aquellas que no sean firmes antes del próximo domingo.

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