SIN APOYO DE LOS SINDICATOS MAYORITARIOS

El viacrucis de 13.000 profesores de Religión: el Gobierno no los quiere y temen ir a la calle

La asignatura de Religión pende de un hilo si se confirma el anteproyecto del Ejecutivo. Miles de docentes, muchos de edad avanzada, podrían perder gran parte de sus ingresos

Foto: La ministra de Educación, Isabel Celaá, presidiendo una conferencia sectorial de Educación. (EFE)
La ministra de Educación, Isabel Celaá, presidiendo una conferencia sectorial de Educación. (EFE)

Más de 13.000 profesores de Religión en la enseñanza pública temen quedarse en el paro o empezar a malvivir con salarios de miseria si el nuevo Ejecutivo plasma en un real decreto-ley su intención de reducir la asignatura a migajas. Uno de los puntos del pacto de gobierno PSOE-Unidas Podemos es que la religión deje de computar para nota y que deje de existir una asignatura espejo para los alumnos que no la quieran cursar. Sin computar y sin la obligación de ir a una clase alternativa, los profesores sospechan que van a impartir una asignatura muerta con las aulas vacías. Y en un trabajo en el que cobran por horas o por módulos de tiempo, según la comunidad autónoma, quedarse sin alumnos les llevará a la ruina.

La situación es complicada para estos 13.000 profesores, porque ningún organismo de peso los apoya abiertamente. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ya les ha dicho indirectamente que les tiene en poca estima, y tampoco pueden apoyarse en los sindicatos mayoritarios para que velen por sus intereses. Si un profesor de Religión propone hacer otras labores dentro de su colegio o impartir otras clases para redondear su salario, antes debe superar unas oposiciones como cualquier miembro del cuerpo de docentes, advierten los sindicatos a este diario. Lo contrario sería inconstitucional, ya que discriminaría al resto de profesores, en especial los interinos. Que tanto Gobierno como sindicatos estén alineados en esta causa no es la mejor noticia para este colectivo profesional, que promete sacar las uñas para defenderse en los tribunales si se confirman los peores presagios.

Una profesora imparte clase de Educación Infantil. (EFE)
Una profesora imparte clase de Educación Infantil. (EFE)

"Vamos a tener muchas pérdidas de puestos de trabajo, de profesores que llevan más de 20 años en la función pública y que han demostrado a lo largo del tiempo, por las dificultades, ser unos docentes de talla mayor", aseguró días atrás la coordinadora nacional de las Plataformas de Profesores de Religión en la Enseñanza Pública, Amelia Álvarez. "Van a por nosotros. Hay un ataque a las libertades, al punto 27.3 de la Constitución. Va a haber una reducción clara, pero constitucionalmente podemos ganar, porque no puede haber pedagógicamente una asignatura en un sistema educativo que no se pueda evaluar y calificar", dijo Álvarez, que calificó de "problema ideológico y de ataque frontal a la Iglesia católica" el acuerdo del nuevo Gobierno de coalición.

El Gobierno "no puede despedir masivamente a todo un colectivo sin ofrecer alternativas"

"Tendrá una incidencia grave en el número de horas trabajadas y en la reducción de sueldos. Ya vivimos una situación parecida durante muchos años en los que Religión no computaba para la nota [gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero], pero nunca había ocurrido que no tuviera asignatura alternativa. Es un escenario nuevo y no sabemos cómo nos afectará", explica Jesús María Losada, presidente de la Federación Estatal de Profesores de Religión (Feper). "Nuestro futuro está en manos del ministerio y de los sindicatos. Como no formamos parte del cuerpo de profesores, el Estado no tiene ninguna obligación con nosotros, en todo caso, tiene una obligación de tipo moral, no puede despedir masivamente a todo un colectivo sin ofrecer alternativas". Losada sospecha que el nuevo Gobierno quiere anular los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede sin romperlos: se sigue ofertando la asignatura de Religión pero en unas condiciones de clara desventaja respecto a las demás.

Un crucifijo preside un aula. (EC)
Un crucifijo preside un aula. (EC)

Obligados a pasar oposiciones

Consultados por este diario, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STES) coinciden en que los 13.000 profesores de Religión los tendrán de su lado si se vulneran sus derechos laborales, pero nada más allá. De reciclarlos en otras asignaturas como Ética, Valores o en una especie de Religión 2.0, o introducirlos en las aulas como personal de apoyo a otros profesores, los sindicatos no quieren ni oír hablar.

"Habrá que ver de qué manera se puede reconocer el tiempo trabajado de estos profesores en la enseñanza pública y darles una solución dentro del marco jurídico", afirma Francisco García Suárez, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO. "Un funcionario debe aprobar unas oposiciones y un interino pasar un proceso selectivo. Sería ilegal reciclar por decreto a estos profesores, porque cualquier interino podría acudir a los tribunales porque se ha vulnerado el principio de igualdad, y tendría razón. Aquí partimos de una situación muy difícil de resolver, ya que estos 13.000 profesores han sido seleccionados por una diócesis, no a través de un proceso selectivo estatal. Hay que reflexionar y estudiar una salida que se ajuste a la jurisprudencia".

¿Y reconvertir Religión en una asignatura no confesional del tipo Cultura de las Religiones o una solución intermedia? "Nos encontraríamos con el mismo problema: esos profesores antes deberían aprobar unas oposiciones o superar unas pruebas. ¿Porque, cómo le explicas a un profesor interino de Filosofía o de Historia, o a un teólogo interesado en dar clases, que una persona que no ha pasado por ningún proceso selectivo ocupará esa nueva plaza a dedo? Hay muchos profesores interinos de 50 años y más que viven en condiciones de precariedad y no pueden ser menos que los profesores de Religión que se queden sin clases. Debemos encontrar una fórmula válida para todo el mundo", insiste García Suárez.

Los profesores de Religión no son funcionarios, pero tienen plaza fija en los colegios. Tienen su propia regulación y están sujetos al Estatuto de los Trabajadores. A nivel retributivo, se equiparan a los funcionarios interinos, si bien el número de horas lectivas se ha ido reduciendo con el paso de los años. En la mayoría de comunidades autónomas, cobran en función de las horas trabajadas.

Manifestación en favor de las clases de Religión, en una imagen de archivo. (EFE)
Manifestación en favor de las clases de Religión, en una imagen de archivo. (EFE)

"Siempre vamos a defender a los trabajadores. Porque una cosa es nuestra posición sobre la salida de las religiones de las aulas y otra el efecto laboral que pueda tener esta decisión", afirma José Ramón Merino, responsable de Política Educativa de STES. Sin embargo, matiza: "En este caso, hablamos de personal laboral ajeno a las juntas de personal docente. Las distintas diócesis, que son quienes proponen a estos profesores, deberían dar un paso al frente en la búsqueda de una salida al problema. Es personal laboral suyo. Igual que ha habido reconversiones en muchísimos sectores y se ha negociado la salida de esos profesionales, habrá que plantearlo con los profesores de Religión. Pero hasta que eso no ocurra, todo es especular".

Las diócesis, que son quienes proponen a estos profesores, deberían dar un paso en la búsqueda de una salida

La raíz del problema siempre es la misma: son las distintas diócesis las que seleccionan a los profesores de Religión en los centros públicos, que pasan a ser personal laboral de la Administración pública en condiciones más o menos estables según cada comunidad autónoma. Por eso, defenderlos desde el plano de mérito laboral por parte de los sindicatos e incluso del resto de profesores que sí han superado unas oposiciones se hace complicado. Eso, claro, sin contar con el componente ideológico, que los profesores de Religión consideran fundamental en esta presunta caza de brujas por parte del nuevo Gobierno progresista. El Ministerio de Educación gasta cerca de 100 millones al año en salarios para los profesores de las distintas religiones en Educación Infantil y Primaria, mayoritariamente de religión católica, según datos oficiales.

"Ya sobrevivimos muchos años complicados con la LOE [2006-2013] e incluso antes. Aunque sí es cierto que entonces podías desempeñar otras labores en el centro educativo y ahora se está muy pendiente de que eso no ocurra", explica María del Rosario Álvarez, responsable nacional de la Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales (Apprece). "Yo no sería alarmista ante esta nueva situación, de momento, solo es un proyecto de ley. Primero hay que ver qué pasa con ese acuerdo de gobierno, porque organizativamente es muy difícil llevarlo a cabo. ¿Qué haces con los alumnos que no cursan Religión esa hora? No puedes mandar unos niños a casa a media mañana. Espero que el Gobierno no cruce la línea roja de poner las clases de Religión fuera del horario escolar, eso sería un escándalo y tomaríamos todas las medidas pertinentes. Existen fórmulas, como la que hace un año propusimos desde Apprece, un currículo integrado en el que unos alumnos puedan cursar Religión y Valores y otros solo Valores. Lo propusimos al ministerio y estuvieron muy receptivos".

"Muchos creen que se está dando catequesis", se quejó días atrás la responsable de las plataformas de profesores, cuando, según subrayó, el currículo de esta materia está aprobado por el Ministerio de Educación. También argumentó que la actual asignatura es "similar a los programas de más de 30 países desarrollados" y que ya es "de carácter voluntario", pues los alumnos pueden optar por ella o por una alternativa. Dejar de ofrecer una asignatura espejo vulneraría, según el colectivo de profesores de Religión, el artículo 27.3 de la Constitución, que señala que los poderes públicos deben garantizar el derecho de los padres para que sus hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones. Ese artículo, junto a los acuerdos con el Vaticano, es la principal baja legal que emplearán los 13.000 profesores afectados si el proyecto de ley toma forma de real decreto en el Congreso.

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