La justicia belga reabre la investigación sobre las balizas de seguimiento a Puigdemont
El Tribunal de Apelaciones de Bruselas orden interrogar a la representante de la empresa italiana que vendió los dispositivos e identificar a los usuarios de una serie de teléfonos.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fee5%2Fca3%2F457%2Fee5ca3457570a4f3677bd84db6567236.jpg)
El Tribunal de Apelación de Bruselas ha atendido, en parte, el recurso presentado por el 'expresident' Carles Puigdemont contra el archivo de la denuncia que presentó hace mas de un año por la supuesta colocación de una baliza de seguimiento en su vehículo. La Justicia belga ha ordenado realizar nuevas diligencias. Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, ha reclamado rastrear la compra de los dispositivos.
En concreto, los magistrados belgas han solicitado interrogar a la representante de la empresa italiana que vendió las balizas. Quieren también escuchar a los representantes de tres empresas que vendieron partes de los componentes de las balizas y han ordenado identificar a los usuarios de una serie de teléfonos. La fiscalía del Brabante Valón, territorio al que pertenece Waterloo, decidió el pasado marzo archivar la denuncia.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fab6%2F819%2F6a6%2Fab68196a6bd47e6fb78f4bae0bec45c0.jpg)
Puigdemont acusaba a los servicios secretos españoles de estar detrás del dispositivo de rastreo y de violar, por ello, su derecho a la privacidad, pero el instructor, tras analizar las tarjetas SIM y los números de serie de la baliza, no encontró indicios suficientes. Los abogados del 'expresident' se opusieron a la decisión acudiendo al tribunal superior que, ahora, reclama estas nuevas pruebas.
El supuesto geolocalizador fue hallado bajo el coche por colaboradores de Puigdemont y entregado a las autoridades. La sospecha de que los servicios de inteligencia españoles podían haber tenido algo que ver llegó incluso al Parlamento belga, que el junio pasado ordenó una investigación propia ante la posibilidad de que los agentes españoles hubieran actuado a espaldas de sus homólogos belgas.
Las pesquisas fueron promovidas por el diputado Peter Buysrogge, miembro de los nacionalistas flamencos de la N-VA, el principal aliado del independentismo catalán en Bélgica. Y fueron encargadas al denominado Comité R, el organismo responsable de controlar las actividades de los servicios de inteligencia en suelo belga. Sin embargo, el pasado marzo, la entidad explicó al ministro de Justicia, el cristianodemócrata flamenco Koen Geens, que rehusaba asumir la investigación al estimar que "no es su tarea monitorear las actividades de los servicios extranjeros en territorio belga cuando no se trata de actividades de espionaje dirigidas contra Bélgica", según informó el diario 'De Standaard'.
Desde inicios de 2016, este tipo de seguimientos le corresponden a la Seguridad del Estado y a sus ramas militares, indica el mencionado periódico, que apunta que ese Comité ha recomendado a la Seguridad del Estado que "se ajuste a la ley". 'De Standaard', cuya información declinó comentar el organismo del que depende el espionaje belga, agrega que las fuerzas de seguridad del país congelaron sus contactos con sus homólogos españoles "en respuesta a la colocación de esas balizas en el automóvil", circunstancia que resulta "bastante excepcional".
El Tribunal de Apelación de Bruselas ha atendido, en parte, el recurso presentado por el 'expresident' Carles Puigdemont contra el archivo de la denuncia que presentó hace mas de un año por la supuesta colocación de una baliza de seguimiento en su vehículo. La Justicia belga ha ordenado realizar nuevas diligencias. Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, ha reclamado rastrear la compra de los dispositivos.