también al número dos del departamento

La justicia investiga ya a la consejera de la Generalitat responsable de las urnas

El Tribunal Superior de Justicia admite a trámite la querella de la Fiscalía contra la consejera y el secretario general del departamento que comenzó los trámites del referéndum

Foto: Meritxell Borràs, consellera de Gobernación. (EFE)
Meritxell Borràs, consellera de Gobernación. (EFE)

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite la querella presentada por la Ficalía contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, y su secretario general Francesc Esteve Balagué por la polémica de las urnas del futuro referéndum. "Del profuso relato de hechos contenido en la querella, todos ellos de fácil constatación, al tratarse de actos y hechos que han tenido la oportuna publicidad en los respectivos diarios oficiales, además de haber sido recogidos por los medios de comunicación, se desprende la existencia de indicios suficientes de la concurrencia, en principio, de los elementos objetivos que informarían cada uno de los tipos delictivos que la Fiscalía querellante considera cometidos", argumenta el alto tribunal catalán.

El auto firmado por la Sala Civil y Penal asegura que el escrito del ministerio público "cumple los requisitos de tipicidad y verosimilitud que fundamentan la admisión a trámite de la querella y del escrito de ampliación, todo ello con independencia de las decisiones que proceda ir adoptándose en función de resultado de las diligencias que se vayan sustanciando". "Es por ello que procede la admisión a trámite de la querella y de su escrito de ampliación, al valorarse como posible la presunta comisión de un delito de desobediencia del artículo 410.1 C.P., un delito continuado de prevaricación del artículo 404 C.P., y un delito de malversación de fondos públicos del artículo 432 C.P. (...) atribuibles indiciariamente, a los querellados", añade la sala.

Roberto R. BallesterosRoberto R. Ballesteros
El alto tribunal catalán recuerda que, según la querella, los dos altos cargos tenían la "voluntad" de celebrar un referéndum de autodeterminación para crear un estado independiente y por ello "adoptaron medidas encaminadas a obtener los medios con los que poder celebrarlo". "Para ello, sigue diciendo la querella, dictaron un acuerdo marco para el suministro de urnas en las elecciones al Parlament de Catalunya, consultas populares y otras formas de participación ciudadana (...) mediante" un anuncio público firmado por el querellado Esteve Balagué.

Este acuerdo, recuerda el auto, tenía "un plazo de vigencia de 48 meses, con un valor estimado el contrato de 200.000 euros, que también es el presupuesto base de licitación". "La querella subraya, además, que ninguna de las leyes en las que se ampara el acuerdo marco para el suministro de las urnas pueden servir de apoyo a las pretensiones referendarias, y que, por otro lado, existe un convenio marco de colaboración en materia de gestión electoral entre la Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma de Catalunya por el que el estado cede material para la celebración de este tipo de elecciones, que privaría de sentido la adquisición de material con el que la administración catalana puede contar gratuitamente", añade el TSJ catalán.

A ello debe añadirse, continúa el auto basándose a su vez en "el escrito de ampliación de la querella presentado por la Fiscalía Superior de Catalunya, el anuncio hecho público el 9 de junio por el president de la Generalitat de su firme voluntad, expresada con toda solemnidad junto al Gobierno que preside de llevar a cabo el aludido referéndum el 1 de octubre de este año, con la pregunta ¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”. Además, continúa, "dos días más tarde", se celebró "un acto político convocado por la Asamblea Nacional Catalana, Ómnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia que contó con la participación de Borràs y del resto de miembros del Gobierno catalán en el que se reafirmó la decisión adoptada el día 9 de junio".

La querella, recuerda también el alto tribuna catalán, señala "que el procedimiento de licitación para la adquisición de urnas ha avanzado en su tramitación" y que ya han "concurrido dos empresas cuya intervención podría facilitar los fines pretendidos por los querellados, además de significar la realización de un acto ilícito" para ellas.

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