Carmena exige al Canal que presente "urgentemente" los contratos fraudulentos

El Ayuntamiento de Madrid ha exigido al Canal de Isabel II "una explicación clara y contundente" sobre "el posible uso fraudulento de las contrataciones públicas" llevadas a cabo por el organismo perteneciente a la Comunidad de Madrid que está investigando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, revelado hoy por El Confidencial.

El coordinador de Medio Ambiente del consistorio, José Antonio Díaz Lázaro, como consejero y representante municipal en la Junta de Accionistas del Canal, ha exigido esta mañana en el Consejo de Administración de la entidad que el Gobierno regional aclare lo que está ocurriendo "en aras de la transparencia y profesionalidad del equipo del Canal". "Es necesario conocer cómo se han elaborado los contratos y si de ellos o de parte de ellos se han podido derivar actuaciones no previstas en el objeto de los mismos", apunta el responsable de Medio Ambiente.

En un comunicado, el Ayuntamiento asegura que el director general del Canal, Adrián Martín López de las Huertas, ha respondido a la interpelación de Díaz Lázaro presentando un informe explicativo cuyo contenido no ha querido revelar ni el consistorio ni el propio organismo gestor del agua. El coordinador de Medio Ambiente ha recordado que en estos momentos el Consejo de Administración del Canal está revisando las cuentas de 20015, pero que lo verdaderamente "urgente" son las contrataciones de 2014 y anteriores, que "son el objeto de la invesigación de la UCO".

"Si hubiera que pedir responsabilidades a los gestores de esos contratos, y en el caso de que se demuestren irregularidades, el Ayuntamiento de Madrid se reserva la potestad de estudiar cuantas acciones legales sean factibles como institución dueña del 10% de la sociedad anónima", aseguran desde el consistorio madrileño.

Como ha contado hoy El Confidencial, la Guardia Civil investiga desde hace un año decenas de contratos adjudicados por el Canal de Isabel II que podrían ser fraudulentos. En el marco de la operación Púnica, los agentes rastrean todas las licitaciones que ha ejecutado la institución siguiendo un sistema que consideran ilícito. En concreto, el procedimiento -habitual desde hace años en las adjudicaciones del Canal de Isabel II- consistía en valorar primero los aspectos económicos de las ofertas y solo después realizar el trabajo técnico, aspecto más subjetivo.