caso Rato

La Audiencia de Madrid libera a uno de los testaferros de Rato

Considera que las circunstancias de Alberto Portuondo han cambiado respecto al momento en el que el Juzgado número 31 acordó su ingreso en prisión

Foto: Rodrigo Rato. (Reuters)
Rodrigo Rato. (Reuters)

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado la puesta en libertad de Alberto Portuondo, imputado en el caso Rato, tras el recurso que interpuso su defensa. El tribunal entiende que, desde que el Juzgado número 31 de Madrid acordó su ingreso en prisión, han cambiado las cosas. En concreto, argumenta que el acusado canceló el alquier de una vivienda que tenía en México y concluyó su relación laboral con una empresa allí asentada.

Además, los tres magistrados que conforman la sala apelan a la situación económica que atraviesa Portuondo -administrador único de Albisa Inversiones, sociedad presuntamente utilizada por Rodrigo Rato como pantalla- después del empobrecimiento sufrido por sus empresas, su arraigo familiar en España y un problema de salud por el que ha recibido tratamiento como otros argumentos para permitir su salida de prisión.

Alberto Portuondo (Efe)
Alberto Portuondo (Efe)

Portuondo fue detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez cuando se disponía a viajar a México, donde reside habitualmente, después de haber pasado unos días en España. La intención de salir del país provocó que el titular del Juzgado 31, Antonio Serrano Artal, decidiera mantenerle encerrado al entender que existía riesgo de fuga. No en vano, el magistrado le había imputado los delitos de blanqueo de capitales en el extranjero y corrupción entre particulares.

La nueva situación del imputado, descrita por la Sección 23, reduce -a juicio de los magistrados- el riesgo de fuga que en un primer momento se consideró determinante para acordar su ingreso en prisión provisional. Aunque revoca la decisión de Serrano Artal, la sala obliga al imputado a entregar su pasaporte en el Juzgado y a que comparezca diariamente ante el mismo órgano en cumplimiento, según el tribunal, del artículo 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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