El gerente de la Fundación Sagrado Corazón puso a su familia en nómina sin trabajar

Fue el gerente de la Fundación Sagrado Corazón durante más de un lustro. Gestionaba las nóminas de los trabajadores de las residencias de ancianos que dependían de la organización, el pago de impuestos y la contabilidad. Al principio, las cuentas cuadraban, pero al año y medio de llegar Juan Antonio G. M. al puesto, los números empezaron a bailar cual gogós desbocados. Sin embargo, nadie se percató, ya que solo el gerente tenía la llave del balance.

Juan Antonio modificó la lista de personas que recibían periódicamente una nómina e incluyó a su mujer –Isabel R. M.– y a su hija –Isabel G. R.–, que desde ese momento y hasta que el gerente abandonó la fundación recibieron un sueldo en sus cuentas cada mes, como si de dos trabajadoras más de las residencias de ancianos se tratara. Sin embargo, ninguna de las dos apareció nunca por los centros asistenciales gestionados por el Sagrado Corazón a los que Juan Antonio las vinculaba.

Según consta en la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, que condena a Juan Antonio y a su mujer, el gerente recibía de la gestoría las nóminas, con su correspondiente bruto y neto, en un disquete. En ese momento, el responsable de la contabilidad “tenía la oportunidad de introducir modificaciones en el listado y en los importes que debían luego ser transferidos a los trabajadores”.

El condenado llegó a cobrar su propia nómina sin el descuento correspondiente de IRPF y Seguridad Social, con lo que se embolsó casi 20.000 euros más

En concreto, la madre cobró más de 150.000 euros en nóminas y la hija, 17.000 euros. Por otro lado, ambas ingresaron en sus cuentas más de 35.000 euros en cheques y transferencias que, según el fallo judicial, “no se corresponden con operación real alguna”.

El gerente también metió a su otro hijo en la fiesta de la ambición y le remitió desde la cuenta de la fundación 21.000 euros vía transferencia el 4 de diciembre de 2007, dinero que el joven utilizó para pagar parte de una vivienda que habían comprado previamente sus padres.

Pero la codiciaalcanzó tintes rácanos cuando el ahora condenado llegó inclusoa cobrar su propia nómina sin el descuento correspondiente al IRPF yla Seguridad Social, con lo que se embolsó casi 20.000 euros más que deberían haber ido al saco de la Hacienda Pública. Juan Antonio incluso ingresó cheques por valor de 2.500 euros en su propia cuenta procedentes de los fondos de las residencias de ancianos.

Llegó a falsificar un certificado de la Seguridad Social para hacer creer a la Fundación Sagrado Corazón que estaba al corriente de pago

El gerente contable incluso llegó a falsificar un certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social, como indica la resolución judicial, para hacer creer a la Fundación Sagrado Corazón que ésta se encontraba al corriente de pago, “cuando no era así”. También hizo otro documento ficticio que imitaba a la Agencia Tributaria para acreditar ante la fundación que estaban presentadas todas las declaraciones fiscales, cuando tampoco esto era cierto.

El fallo de la Audiencia Provincial absuelve al auditor que revisó las cuentas de la fundación y perdona a Juan Antonio otro de los delitos que le imputaba la Fiscalía, el de cobrar cheques por valor de más de 100.000 euros tras falsificar la firma de la presidenta del patronato, extremo que la sala consideró no acreditado.

La Sección Segunda ha condenado al gerente y a su mujer a tres y dos años de prisión respectivamente por los delitos de apropiación indebida. El primero, además, deberá indemnizar al organismo del que era contable con 247.000 euros; e Isabel, con 163.000. Juan Antonio también ha sido condenado por un delito continuado de falsedad de certificados, por el que deberá pagar una multa de 700 euros, que se sumará a la que también tiene que abonar por la apropiación indebida, que asciende a 1.600 euros. Por su parte, Isabel deberá hacer frente a otra multa de 1.400 euros por apropiación indebida.

Los tres magistrados que firman la sentencia entienden que el delito atribuido a la hija de la estafadora pareja está prescrito y que el hijo no tenía conocimiento de que el dinero venía de un origen fraudulento, por lo que ambos salen indemnes del proceso judicial que envía a prisión a sus padres.