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Batalla en el Colegio de Procuradores: fianza de 140.000 euros por difamar al exdecano
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Batalla en el Colegio de Procuradores: fianza de 140.000 euros por difamar al exdecano

El último episodio judicial se ha saldado con una fianza de 140.000 euros por injurias contra el exdecano. Una de las imputadas, Mercedes Saavedra, aspira a ser la próxima vicedecana

Foto: Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España (i) y Antonio Álvarez-Buylla, exdecano del Colegio de Procuradores de Madrid (EFE/EC)
Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España (i) y Antonio Álvarez-Buylla, exdecano del Colegio de Procuradores de Madrid (EFE/EC)

Fianza de 140.000 euros y apertura de juicio oral contra cuatro miembros del colegio profesional. Así se ha saldado el enésimo episodio judicial que enfrenta a los dos sectores del Colegio de Procuradores de Madrid. En un auto con fecha del 9 de febrero, la juez Río Gómez establece que Enrique Herrera, Mercedes Saavedra y José Francisco Reino y Álvaro Herrera, siendo los tres primeros miembros de la Asociación para la Defensa del Procurador (ADP), deberán abonar dicha fianza por responsabilidad civil tras ser imputados por “un delito continuado de injurias graves con publicidad y un delito continuado de calumnias por escrito con publicidad” contra el exdecano del colegio Antonio Álvarez-Buylla, el presidente del Consejo General de Procuradores de España Juan Carlos Estévez y las instituciones que ambos representan, según reza el auto judicial al que ha tenido acceso El Confidencial.

Esta resolución judicial no es más que la punta del iceberg de una serie de conflictos que se vienen produciendo en el colegio profesional desde hace meses. Concretamente, fue la Asociación para la Defensa del Procurador quien primero señaló que desde los órganos de gobierno se cometieron irregularidades en la gestión presupuestaria, algo que de momento no ha podido ser demostrado ante los tribunales. Desde entonces, el cruce de demandas entre los miembros ha sido continuo.

Tras la presentación de una querella por dicha asociación, el exdecano Álvarez-Buylla llegó a estar imputado por un posible caso de falsedad documental. Según denunció la ADP, un texto aprobado por la Junta de Gobierno no coincidía con el que finalmente fue inscrito y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). En concreto, se denunció que se había modificado uno de los artículos que afectaba a las cuotas que deben abonar los miembros colegiados. El por entonces decano negó relación alguna con los hechos y finalmente el juez instructor atribuyó la autoría a un error burocrático involuntario. En consecuencia, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 30, Francisco Teijeiro, desestimó la demanda.

A pesar de todo, la imputación se tradujo en un fuerte mazazo para la carrera del exdecano: tras la dimisión de la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Mercè Pigem, él era el principal candidato a sucederla y, aunque contaba con el respaldo del ministro Catalá, la imputación se presentó como un obstáculo moral insalvable.

“El hecho de que finalmente Álvarez-Buylla no entrase en el CGPJ ha supuesto perder una oportunidad única para relanzar la profesión de procurador”, explica un miembro del colegio a este diario. “A día de hoy nuestro trabajo empieza a estar cuestionado por el avance de la tecnología y teníamos una buena oportunidad para cambiar la situación”.

Finalmente, el sustituto de Pigem fue el abogado José María Macías, por entonces socio del despacho Cuatrecasas, Gonçalves Pereira y siguiente en la lista de suplentes aprobada en el Senado. En el hipotético caso de no haber aceptado, el puesto de vocal hubiese recaído en Isabel Valldecabres, la juez que archivó la causa del escrache en la casa de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.

El fuego cruzado en los tribunales y diversas presiones terminaron por laminar a Álvarez-Buylla, quien finalmente renunció por “motivos personales” el pasado mes de enero.

La candidata a vicedecana, imputada

Tras la dimisión de Álvarez-Buylla se acordó la celebración de elecciones el 24 de febrero, fecha en la que se elegirá a la nueva Junta de Gobierno y a la que aspiran dos listas de candidatos. Por un lado, la candidatura ‘oficialista’ encabezada por el actual tesorero Gabriel de Diego y, por otro, la opción alternativa que encabeza Felipe Segundo de Juanas y cuya número dos es la imputada Mercedes Saavedra.

Dentro del colegio no se esperan sorpresas en los resultados y es muy probable que la candidatura oficialista sea la ganadora. Del mismo modo, muchos colegiados se han mostrado sorprendidos al conocer que una persona imputada aspire a ocupar el cargo de vicedecana, como es el caso de Saavedra. “En los estatutos no pone nada de que no se pueda estar imputado para presentarse porque hasta ahora resultaba impensable que alguien se atreviese a hacerlo”, explican miembros del colegio a este diario.

Fianza de 140.000 euros y apertura de juicio oral contra cuatro miembros del colegio profesional. Así se ha saldado el enésimo episodio judicial que enfrenta a los dos sectores del Colegio de Procuradores de Madrid. En un auto con fecha del 9 de febrero, la juez Río Gómez establece que Enrique Herrera, Mercedes Saavedra y José Francisco Reino y Álvaro Herrera, siendo los tres primeros miembros de la Asociación para la Defensa del Procurador (ADP), deberán abonar dicha fianza por responsabilidad civil tras ser imputados por “un delito continuado de injurias graves con publicidad y un delito continuado de calumnias por escrito con publicidad” contra el exdecano del colegio Antonio Álvarez-Buylla, el presidente del Consejo General de Procuradores de España Juan Carlos Estévez y las instituciones que ambos representan, según reza el auto judicial al que ha tenido acceso El Confidencial.

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