Montoro aplaca a las autonomías con 600 millones del impuesto de patrimonio

El Ministerio de Hacienda se ha asegurado una tregua en sus complicadas relaciones con las comunidades autónomas al cederles la recaudación que han obtenido por el impuesto por patrimonio (604 millones de euros), pero sólo a aquellas que lo habían repuesto en el último ejercicio. El Gobierno regional de Madrid, como no asumió la impopularidad de esa fórmula recaudatoria, se ha quedado sin nada y su representante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera votó en contra de la decisión de Cristóbal Montoro. Además, el Ejecutivo pone en marcha un grupo de trabajo para preparar durante el próximo año la reforma del sistema de financiación autonómico, en el que todas las autonomías se consideran agraviadas.

Esta vez la comunidad enfrentada al Gobierno de Mariano Rajoy fue la madrileña del PP y la más satisfecha, la catalana, representada en el Consejo por su consejero de Hacienda, Andreu Mas-Colell. Lo recaudado por los Gobiernos regionales iba destinado a los dos años al Tesoro público, por lo que Ignacio González decidió ahorrarse el esfuerzo y la impopularidad. Sin embargo, la Generalitat catalana hizo lo contrario y prefirió hacer caja por esa vía. Ahora Montoro le perdona la transferencia, como ocurre con la Junta de Galicia, entre otros.

Cataluña es la comunidad donde más se ha recaudado y recibirá ahora casi 300 millones correspondientes a 2012 y otros 504 de este año. El Ministerio de Hacienda no ha querido compensar a los Gobiernos regionales que no repusieron el impuesto en su día, como también son los casos de la Comunidad Valenciana y Baleares (gobernadas por el PP), pero sólo Madrid votó al final en contra.

Desde el ejecutivo de Ignacio González volvieron a insistir en que se sienten especialmente maltratados por el Ministerio de Hacienda, pues cumplen con los objetivos de déficit y recortes en el sector público como ningún otro y a la hora de repartir reciben menos que nadie. De hecho, de los 1.300 millones ahorrados en las autonomías por la supresión de entes públicos, 861 corresponden a decisiones tomadas por la Comunidad de Madrid, que reduce su aparato político y sector empresarial incluso por encima de los objetivos fijados.

Andreu Mas-Colell se ha encontrado con 300 millones por Patrimonio, pero ha encajado un disgusto al recibir la negativa del Gobierno a compensar a la Generalitat de Cataluña por el impuesto sobre depósitos bancarios en 2013 (833 millones de euros), aunque ha insistido en que seguirá insistiendo en la reclamación.

El consejero nacionalista preguntó a Cristóbal Montoro por el futuro de esa figura impositiva que también han promovido ejecutivos autonómicos del PP como ocurre en Extremadura, y el ministro le respondió que se incluirá en la reforma fiscal prometida para 2014. No obstante, no está claro si la recaudación por el mismo será para las autonomías.

Todos los Gobiernos regionales salieron muy contentos con el otro gran anuncio que el ministro hizo en el Consejo: la puesta en marcha de un “comité técnico permanente de evaluación del sistema de financiación” que revisará el modelo actual y fijará las bases para formular uno nuevo.