El Tribunal Constitucional avala que la Iglesia no debe pagar el IBI

El Tribunal Constitucional ha declarado este jueves inconstitucional la ley navarra que obligaba a la Iglesia a pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI), por todos sus inmuebles, salvo por aquellos que fueran destinados al culto.

El Gobierno central había presentado un recurso ante el Constitucional contra esta ley, que ya el pasado mes de julio fue suspendida por el propio tribunal y que ahora ha sido declarada inconstitucional.

El Estado consideraba en su recurso que la norma foral, publicada en el Boletín Oficial de Navarra el pasado mes de marzo, "incumple los compromisos del Estado con la Iglesia Católica y con las Comunidades Evangélica, Israelita e Islámica".

"En concreto, se produce la vulneración por cuanto la ley foral solamente excluye del pago de la Contribución Territorial Urbana a los 'bienes destinados al culto', cuando, conforme a los compromisos aludidos esa exclusión alcanza a otros bienes, que la ley foral excluye del beneficio fiscal", señalaba el Gobierno central.

''No establece ningún privilegio''

El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, ha valorado la decisión del Constitucionalcomo "una muy buena noticia". Además, ha puntualizado que esta sentencia "no establece ningún privilegio para la Iglesia ni ningún sistema nuevo en relación con el IBI".

En declaraciones a Europa Press, Giménez Barriocanal ha explicado que la Iglesia, al ver el contenido de esta ley foral instó al Gobierno a interponer un recurso de inconstitucionalidad, dado que la Iglesia como tal no podía hacerlo, porque "lo que se estaba poniendo en tela de juicio eran los acuerdos que había firmado el Gobierno de la nación con las confesiones religiosas".

La ley navarra reducía las exenciones de la Iglesia "de una manera claramente discriminatoria", de forma que, por ejemplo, un comedor parroquial para personas sin hogar instalado en dependencias parroquiales tendría que pagar el IBI.

"La Iglesia veía que esa ley foral, no sólo disminuía el régimen fiscal, sino que afectaba a la naturaleza de los acuerdos Iglesia-Estado; no sólo al tratado internacional de la Iglesia, sino a los acuerdos de colaboración suscritos con otras confesiones religiosas. En esa línea se instó al Gobierno a que presentara un recurso de inconstitucionalidad", ha precisado.

Con esta sentencia, según ha comentado, lo que hace el TC es "dar seguridad jurídica a los tratados internacionales" y permite conocer "las reglas del juego" dejando claro que "los tratados internacionales y los acuerdos están por encima de la legislación particular de la Hacienda Foral".