EL CALENDARIO DE LAS ACTUACIONES DE LA JUEZ BENEFICIA AL PP

Los claroscuros de la instrucción de Alaya

Su instrucción, siempre polémica, ha puesto en tela de juicio cómo se concedían las ayudas sociolaborales en la Consejería de Empleo y con el visto bueno

Foto: Los claroscuros de la instrucción de Alaya
Los claroscuros de la instrucción de Alaya
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    Su instrucción, siempre polémica, ha puesto en tela de juicio cómo se concedían las ayudas sociolaborales en la Consejería de Empleo y con el visto bueno del departamento de Hacienda de la Junta de Andalucía. Las coincidencias o casualidades de las detenciones, imputaciones y autos de prisión ordenados por la jueza Mercedes Alaya y cuyo calendario beneficia al PP, han soliviantado al PSOE. ¿Tienen razón los socialistas? ¿Qué errores ha cometido Alaya en su instrucción?

    Alaya escribió el viernes 28 de junio el auto, de 12 folios, en el que imputaba a una veintena de altos cargos, entre ellos a la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez y el fontanero Antonio Lozanola mano derecha de Griñán y Susana Díaz en el Palacio de San Telmo. Un día antes, el mismo día que la Ejecutiva regional se reunía para convocar primarias el 29 de julio y un Comité Director para la tarde del 2 de julio, la juez recibió un informe de la Unidad Central  Operativa (UCO) de la Guardia Civil de ochenta folios.

    El 2 de julio, sobre las 13 horas, se conoció el auto de Alaya, apenas cuatro horas antes del inicio del Comité Director encabezado por Griñán, el presidente lastrado por los ERE. El PSOE andaluz criticó que la juez había coordinado el auto de las imputaciones justo en el momento en que más daño podía hacer al partido. En realidad la magistrada no lo hizo así. El viernes envió el auto al Colegio de Procuradores. La notificación a las partes, previo sello del procurador José Tristán, se hizo el martes, pero podría haber sido el lunes o el miércoles, “todo depende de la prisa que se quiera dar el procurador: es muy difícil, casi imposible, que un juez pueda elegir el día exacto de difusión de un auto, subrayan fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial.

    El auto del pasado martes ha sido muy contestado, no sólo políticamente por destacados  socialistas andaluces (incluido Griñán), sino por Alfredo Pérez Rubalcaba y hasta por un “asombrado” Felipe González. En realidad el escrito judicial imputa a altos cargos, pero no les acusa de ningún delito. Destacados juristas han señalado esta circunstancia como un grave error de la jueza. Pero “¿existe una conexión causal suficientemente potente entre la conducta de los altos cargos de la Junta y los delitos cometidos por los que se apropiaron del dinero de los ERE?” Se lo pregunta Jesús Alfaro, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid.

    Alfaro remarca en su blog sus “muchas dudas” de que se pueda condenar penalmente a los altos cargos de la Junta si no se apropiaron de dinero procedente de esas partidas. “Pero no me cabe duda de que, si estuviéramos en un proceso civil y yo fuera accionista de Junta de Andalucía S.A., conseguiría una condena de todos esos altos cargos a indemnizar a la S.A. por los daños sufridos como consecuencia del robo de sus fondos por parte de esos empleados y terceros”, explica Alfaro.

    Contra los “chorizos” de los fondos públicos

    El catedrático abunda en la explicación: “Es evidente que desde el presidente de la Junta para abajo, todos esos altos cargos tenían un deber de garante respecto del buen uso de los fondos públicos; es decir, tenían la obligación de poner los medios para asegurar que, en un curso normal de los acontecimientos, los chorizos no podrían apropiarse fácilmente de los fondos públicos”. Para cumplir con ese deber de garante, a estos altos cargos les bastaba, según Alfaro, “con asegurarse de que los fondos se asignaban de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido y que las reglas correspondientes se cumplían rigurosamente”.

    El post de Alfaro especifica en que si había dos procedimientos lícitos para entregar esas subvenciones y uno de ellos facilitaba la apropiación de los fondos por empleados o terceros mientras que el otro no, los altos cargos “estaban obligados a asegurarse de que se usaba el que evitaba la apropiación por terceros, sobre todo si, como fue el caso, desde la Intervención General se advirtió (fuera formal o informalmente) de la irregularidad del procedimiento”. ”Era evidente”, señala el catedrático, “que el procedimiento elegido permitía evitar los controles a los que están sometidas las subvenciones (entre ellos y, singularmente, el control del destino final del dinero y la comprobación de que los que han recibido la subvención cumplían con los requisitos de su convocatoria)”.

    Indefensión de los imputados

    Del último auto de Alaya tampoco se entiende cómo quien advirtió hasta en 17 ocasiones de la falta de procedimiento, acabe siendo imputado. Es el caso de Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta. Gómez denunció la arbitrariedad y la falta de transparencia, y remitió sus informes a tres consejeros sin que nadie adoptara las recomendaciones. Así lo denunció en la frustrada comisión parlamentaria de los ERE falsos.

    En este mismo escrito, Alaya sólo ha llamado a declarar a dos imputados: a Carlos Leal y a Manuel Gómez. Leal, con una responsabilidad civil de 34,8 millones de euros, fue puesto en libertad en la madrugada del sábado tras pagar una fianza de 150.000 euros. La magistrada, después de denunciar que le estaba “mintiendo descaradamente”, acusó al abogado sevillano y a Juan Lanzas, conseguidor de los ERE, de haber contactado con la familia de Ruiz Mateos. Leal, según Alaya, convirtió su despacho de un centro de lavado de las comisiones. Para tratar el ERE de Primayor, Lanzas se reunió con Guerrero y Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta, en la Casa Rosa, antigua sede provisional de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

    Acotar las piezas y ‘empaquetarlas’

    Alaya tomará declaración a Gómez el 25 de julio a las 10.30 horas, pero al resto de imputados aún no se sabe cuándo. Descartado el mes de agosto por el parón de los juzgados, como muy pronto declararán en septiembre o incluso en octubre, con la evidente indefensión de estar meses imputados y sin poder explicarse en el juzgado. Más: “¿Por qué la juez no ha acotado cada una de las piezas y las ha empaquetado? Lo que ha hecho ha sido justo al revés: esto no parece tener fin; se ha convertido ya en un caso inabordable”, aseguran a este diario fuentes próximas al caso.

    En un proceso judicial muy abierto que lleva tres años de instrucción, con dilaciones no explicadas, aparte de los cinco meses que Alaya estuvo de baja por enfermedad, sorprenden ejemplos como el de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, que entró en la cárcel, luego pagó su fianza; regresó de nuevo a prisión y volvió a salir.  “La instrucción de Alaya pudiera tener defectos de forma que podrían invalidar algunas de las imputaciones y posibles condenas”, señalan a El Confidencial fuentes judiciales de Sevilla.

    La instrucción se amplía

    La juez, a pesar de las advertencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía e incluso de la Fiscalía Anticorrupción, se muestra incapaz de abreviar la instrucción. Es más, la continúa ampliando. Esta  misma semana ha extendido a 1999 el periodo de la  investigación de las ayudas sociolaborales. Hasta ahora había centrado su instrucción en el periodo 2000-2010. En el auto, Alaya lo justifica para ofrecer “mayor claridad en los trabajos de investigación y en el análisis de sus antecedentes". Además, la magistrada ha decidido (ahora) iniciar sus pesquisas en este mayúsculo caso de corrupción en otras consejerías, no sólo en Empleo y Economía y Hacienda.

    “¿Por qué no imputa ya a Viera?”

    Mercedes Alaya también continúa esquivando a los aforados. El caso más flagrante es el de José Antonio Viera, exconsejero de Trabajo de la Junta de Andalucía, aún no imputado, a pesar de que Antonio Fernández, su sucesor, que fue viceconsejero con Viera, no sólo está imputado, sino que ingresó en prisión. Si Alaya imputara a Viera (es diputado en el Congreso), a Zarrías o a Griñán (con posible responsabilidad penal), perdería el caso. “Es lamentable que impute a Magdalena Álvarez y no a Viera. ¿Por qué no lo hace ya? No tiene ningún sentido”, lamenta a El Confidencial un socialista muy próximo al presidente de la Junta de Andalucía.

    La magistrada también se negó a cualquier ayuda. Instruye el caso en solitario, a pesar de poder haber contado con los jueces Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes, de agilizar el proceso y concentrarse en escribir el punto final.

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