La rebaja de condenas por droga y la crisis llevan a una caída histórica de la población reclusa

Las estadísticas de Instituciones Penitenciarias reflejan por primera vez en la historia de la democracia una caída de la población reclusa. La tendencia arrancó en 2010 y se mantiene constante desde entonces. Los motivos hay que buscarlos en la reforma del Código Penal de 2010, que relajó las penas para los delitos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes, y en los efectos secundarios que la crisis económica ha ejercido sobre la delincuencia nacional.

Según la última estadística disponible de Instituciones Penitenciarias, correspondiente al mes de abril, hay 68.998 personas cumpliendo pena de prisión en las 80 cárceles que existen en territorio nacional, incluyendo los datos de Cataluña, la única comunidad que tiene las competencias sobre la gestión de prisiones transferidas desde 1984 y, por tanto, elabora sus propias estadísticas.

El descenso acumulado desde 2009 es del 9,9%, volviendo así a niveles de 2007

El dato es ligeramente superior al registro que deparó la población reclusa al cierre del pasado ejercicio, 68.597 presos, pero viene a constatar una caída pronunciada y sostenida que ha desfigurado las previsiones que habían trazado todas las Administraciones. Desde que se alcanzó el récord de presos en 2009, con 76.079 reclusos en la red nacional de prisiones, la cifra no ha dejado de descender cada año. Y 2013 no será una excepción.

Brusco cambio de tendencia

La progresión a la baja contrasta con el meteórico ascenso que experimentaron los ingresos en prisión hasta 2009. En diciembre de 2006, la estadística arrojó 64.021 reclusos. Un año después, la cifra creció hasta los 67.100 y, en 2008, se situó en 73.558, dejando el dato a las puertas del máximo histórico que se acabaría alcanzando un año después.

Según fuentes penitenciarias consultadas por este diario, el descenso de la población reclusa tiene una triple explicación. En primer lugar, la reforma del Código Penal de 2010 rebajó las penas de prisión para los condenados por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Desde entonces, los ingresos y los periodos de estancia en la cárcel se han reducido drásticamente. Entran menos traficantes en prisión y los que no pueden evitarla se quedan menos tiempo. Se trata de un factor determinante. El 27% de los reclusos españoles cumple condena por delitos de drogas.

Un segundo motivo es el descenso de la población extranjera como consecuencia de la crisis económica, según apuntan las fuentes penitenciarias. No es una interpretación xenófoba de la delincuencia. Basta con echar un vistazo a las principales magnitudes. A pesar de que los extranjeros sólo representan el 12,1% de la población total de España, en los centros penitenciarios tienen una cuota del 32,5%. La tasa de criminalidad es mayor entre los foráneos. Y su salida de España por el empeoramiento de las condiciones de vida (desde el inicio de la crisis se estima que cada día un centenar vuelve a sus países de origen) está contribuyendo a la caída del número de presos.

La cárcel, una solución extrema

El tercer y último motivo que justifica este novedoso giro es el aumento de las penas sustitutivas de prisión, como los trabajos en beneficio de la comunidad, una modalidad que ha experimentado un boom en los últimos años por los beneficios que implica tanto para los condenados como para la Administración. Los procesados evitan el paso por la cárcel y el Estado se ahorra los 20.000 euros que aproximadamente le cuesta de media cada recluso en un año. Además, al menos en teoría, este modelo consigue mejores índices de reinserción.

En 2012 se impusieron 150.000 condenas sustitutivas de prisión, según datos proporcionados por Instituciones Penitenciarias. Un porcentaje significativo de traficantes, maltratadores y conductores peligrosos que hace una década indefectiblemente habría tenido que pasar una temporada entre rejas salda hoy sus cuentas con la Justicia barriendo las calles de su ciudad, asistiendo a cursos de formación o trabajando para alguna ONG.

Los efectos indeseados del nuevo escenario

Desde que se alcanzó el récord de presos en 2009, con 76.079 reclusos en la red nacional de prisiones, la cifra no ha dejado de descender cada año

El resultado de la combinación de estos factores es la primera caída del número de presos en la historia reciente de España. El descenso acumulado desde 2009 es del 9,9%, volviendo así a niveles de 2007. Nadie esperaba que ocurriera. En 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero diseñó un plan para construir urgentemente 11 nuevos centros penitenciarios que aliviaran el hacinamiento que registraba entonces la red nacional de cárceles. El programa aún no ha terminado pero, con la evolución actual de las estadísticas, tampoco es necesario que lo haga. Las nuevas cárceles de Vitoria y Pamplona, por ejemplo, sólo están ocupadas en un 50%. El resto aguarda la llegada de nuevos inquilinos.

En la red de prisiones de la Generalitat de Cataluña el problema es mayor. Los Gobiernos del PSC sobredimensionaron claramente las necesidades de su sistema de prisiones e iniciaron la construcción de dos cárceles que ya están disponibles, pero permanecen completamente vacías por falta de demanda. Sólo los gastos de mantenimiento de estas dos nuevas prisiones, levantadas en Figueras y Tarragona, le suponen a la hacienda catalana un millón de euros todos los meses. Si fueran otras infraestructuras, el Gobierno catalán podría venderlas. Pero las cárceles sólo tienen un uso y todavía no hay empresas interesadas en aprovecharlo.