Un TC conservador dictaminará sobre todas las reformas aprobadas por Rajoy

La próxima semana se harán efectivos los nombramientos de los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, y con ellos quedará patente un nuevo órgano claramente escorado a la derecha. A los siete magistrados conservadores frente a los cinco progresistas que se quedan, se une un nuevo presidente que evidentemente será proclive al actual Gobierno. Serán ellos quienes tendrán que estudiar los recursos interpuestos contra prácticamente todas las reformas aprobadas por el actual Ejecutivo.

Los nombres que suenan como posibles sustitutos de Pascual Sala, que abandona ya el tribunal defensor de la Carta Magna, son Francisco Pérez de los Cobos y Francisco Hernando. Este último se descartaba inicialmente por su delicada salud pero el nombramiento de Enrique López como nuevo magistrado puede cambiar las cosas. Este último fue portavoz del Consejo General del Poder Judicial cuando Hernando presidía el órgano. Juntos hicieron un bloque duro contra los progresistas apoyando al Gobierno, que en ese momento presidía José María Aznar.

Fuentes cercanas al nuevo tribunal señalan que una opción sería que Hernando presidiera el tribunal con el apoyo de López, que se ha convertido en el magistrado más joven de la historia que llega al TC con cincuenta años. Desde que ambos abandonaron el CGPJ en 2007, el entorno judicial tiene la certeza de que el Partido Popular tendría que pagarles los servicios prestados durante su estancia en el órgano de gobierno los jueces, al defender con mucha garra todas sus propuestas.

Hernando fue elegido por el Senado, a propuesta del PP, hace tres años, en una tanda en la que también tenía que ir López. Sin embargo, el PSOE le vetó alegando que no cumplía los quince años de ejercicio profesional. Poco después tampoco pasó el corte del Congreso de los Diputados y el PP ha conseguido nombrarle magistrado del TC después de seis años de intentos.

Mientras tanto, ha seguido su trayectoria profesional como magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Tiene pendiente una querella en el Tribunal Supremo como miembro del tribunal que evitó que el instructor Javier Gómez Bermúdez tomara declaración al extesorero del PP, Luis Bárcenas, durante el breve tiempo que fue competente de la investigación por los conocidos papeles. La acusación presentó una querella ante el alto tribunal contra los tres magistrados que adoptaron esta decisión por un delito de prevaricación, porque resolvieron en tan solo cuarenta minutos la petición de la Fiscalía Anticorrupción sin pedir dictámenes al resto de las partes. El Alto tribunal está pendiente de resolver si la admite a trámite o si por el contrario la archiva.

Junto a López, formarán el nuevo tribunal el rector de la Universidad Rey Juan Carlos Pedro González-Trevijano, también elegido por el Gobierno; Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol, este último el único magistrado progresista elegido ayer. Los dos elegidos por el CGPJ son magistrados del Tribunal Supremo con una dilatada carrera profesional, y bien aceptados por la carrera judicial, aunque no les faltan detractores. Xiol fue elegido por el bloque progresista del órgano de los jueces aunque no sin tensiones ya que el nombre del exfiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se había hecho fuerte en las quinielas.

Reformas del Gobierno, aborto, Sáenz y Atutxa

Una vez que se haga el cambio de sillas, se elija presidente, vicepresidente y se recompongan de nuevo las salas, el nuevo Tribunal Constitucional se va a encontrar encima de la mesa todas las reformas aprobadas por el Gobierno que preside Mariano Rajoy y que ha recurrido la oposición por inconstitucionales. Las principales son la reforma laboral, la fiscal, la reforma de la educación y las tasas judiciales. También tendrá que afrontar la reforma de Ley del Aborto aprobada por el anterior Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, la declaración soberanista de Artur Mas, y el euro por receta de los gobiernos catalán y madrileño, estos últimos recurridos por el Ejecutivo central.

Esta semana, el exnúmero dos de Emilio Botín en el Banco Santander, Alfredo Sáenz, presentó un recurso de amparo contra la decisión del Tribunal Supremo de anular parcialmente el indulto aprobado por el último Consejo de Ministros de Rodríguez Zapatero, que no sólo le indultaba de la pena sino que ordenaba que se le retiraran los antecedentes penales, algo que va, según el Supremo, en contra de la ley, lo que tuvo como consecuencia su expulsión del banco al incumplir las normas del Banco de España por no cumplir la honorabilidad exigida. En el caso de admitir a trámite el recurso, el TC tendrá que resolver si da la razón al Alto tribunal o, por el contrario, ofrece un espaldarazo al banquero.

Otra decisión relevante que deberá adoptar el tribunal es la conocida como doctrina Atutxa, avalada por el Tribunal Supremo en 2008. Esta tesis reconoce a la acción popular “la capacidad para acusar y solicitar la apertura de juicio oral, aunque no haya fiscal o acusador particular”. Si se aceptar el recurso del expresidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, se verían afectados aquellos procesos en los que el Ministerio Público no acusa y sigue adelante únicamente bajo el paraguas de una acusación popular, como ocurre en la actualidad con la investigación a Miguel Blesa o la parte de Nóos que afecta a la infanta Cristina.