El juez atribuye a Camps y Barberá delitos de malversación, prevaricación, fraude y falsedad

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ve indicios racionales de que el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, incurrieron en presuntos delitos continuados de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial.

Así lo pone de manifiesto en la exposición razonada, de 70 páginas, que ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en la que le propone que asuma la competencia para instruir la parte del caso Nóos que afecta a la supuesta participación de ambos en las negociaciones previas a la firma del convenio del Valencia Summit, por el que el Instituto Nóos percibió alrededor de tres millones de euros públicos.

A lo largo del relato de los hechos investigados, el magistrado apunta a la "inadecuada" elección de los cauces procedimentales a través de los cuales se contrataron los servicios de la entidad, o "mejor decir Don Iñaki Urdangarin y Don Diego Torres", toda vez que "se prescindieron" los trámites obligados por la Ley así como "el sentido común y la rutina".

En esta línea, subraya cómo la tramitación de los expedientes no se ajustó "a los tiempos habituales en el actuar administrativo" y que determinados informes que "se estimaron necesarios estaban vacíos de contenido teórico-jurídico así como de utilidad práctica al no ser antecedentes sino consecuentes de las decisiones a las que, se supone, debían apoyar".

"Estas y otras irregularidades, sin merma de que algunas de ellas ya sean de por sí mismas delictivas, poner de manifiesto que las contrataciones con el Instituto Nóos fueron estrictamente voluntaristas", añade el instructor, recriminando cómo, ante estas adjudicaciones otorgadas 'a dedo', Camps y Barberá asentían verbalmente "a cuanto se les ofrecía, sin estudios previos ni viabilidad técnica ni de mercado, en marcos geográficos absolutamente impropios y orillando por completo las normas sobre las contrataciones públicas".