Interior vaticina dos meses más de escraches: acabarán con la ley hipotecaria

El Ministerio del Interior cree que los escraches a dirigentes del Gobierno y del Partido Popular se prolongarán al menos hasta que concluya la tramitación en el Parlamento de la nueva ley hipotecaria. Las fuerzas de seguridad aseguran que la promulgación de la norma acabará desinflando esta modalidad de acoso organizado que ha despertado la alarma en Génova y en Moncloa por el traslado de las protestas a las puertas de los domicilios particulares de sus dirigentes.

La tramitación de la nueva ley hipotecaria arrancó el pasado mes de noviembre con la aprobación de un real decreto y se encuentra en estos momentos en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso, pendiente del informe definitivo de la ponencia que está analizando los cambios normativos que introducirá. El texto, que se tramita como proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, aún está abierto a enmiendas de los partidos de la oposición, aunque la gran mayoría de ellos ya se ha desmarcado de su tramitación y ha adelantado que no apoyará la norma. Tras su redacción definitiva, el proyecto de ley deberá ser aprobado por la Comisión de Economía y pasará directamente al Senado, donde deberá seguir el mismo trámite antes de su publicación en el BOE.

En total, la tramitación puede prolongarse hasta el próximo mes de junio. Y el Ministerio del Interior trabaja con la hipótesis de que los escraches se producirán al menos hasta que llegue ese momento. A partir de entonces, el fin de la modificación de la norma hará inútil ya cualquier intento de presión a los miembros del Grupo Parlamentario Popular.

Más de una quincena de escraches

Hasta ahora, más de un quincena de políticos del Partido Popular ya ha sufrido este tipo de concentraciones importadas de Sudamérica, que consisten en presionar a los dirigentes públicos en sus esferas privadas de forma organizada. Los encargados de realizar los primeros escraches en España han sido los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de otros colectivos de su entorno, en el marco de una campaña para exigir la aprobación en el Congreso de la dación en pago de la vivienda como condición suficiente para saldar la deuda hipotecaria. El Gobierno sólo ha atendido parcialmente la postura de estos colectivos, reflejada en una iniciativa legislativa popular. 

Los escraches alcanzaron su momento de mayor tensión hace dos semanas, con el traslado de la campaña de la PAH hasta la misma puerta de la vivienda de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el distrito de Salamanca de la capital. El pasado viernes, los manifestantes intentaron organizar otro escrache frente a la vivienda del presidente del Congreso, Jesús Posada, pero en este caso la policía logró frenarlos.

La Fiscalía General del Estado ha ordenado que se persigan estas protestas por considerarlas coacciones inaceptables a cargos elegidos democráticamente, y algunas delegaciones del Gobierno como la de Madrid han comenzado a sancionar administrativamente a sus participantes acusándolos de causar desórdenes públicos y manifestarse sin la comunicación oficial preceptiva. El Partido Popular ha tachado los escraches de práctica “nazi” y numerosas voces del PSOE también han criticado la desproporcionalidad de la protesta.

Aumento de la conflictividad social

Pero la PAH ya ha anunciado que no abandonará los escraches. Y su campaña puede encontrar nuevos seguidores en los próximos días, gracias a un ambiente de conflictividad social que le resultará cada vez más propicio. De hecho, la Policía ya ha advertido a Moncloa de que esta primavera se producirá un repunte de las movilizaciones en la calle derivadas del malestar por la situación económica.

Sin ir más lejos, el próximo jueves 25 de abril está convocada una jornada de protesta en las inmediaciones de la Cámara Baja en la que se espera la participación de la izquierda más contestataria. La liderará la Plataforma ¡En Pie! bajo el lema Asedia el Congreso, con el objetivo de exigir “la caída del régimen” político actual y la “apertura de una transición” hacia un modelo igualitario. Los organizadores ya avanzan en su manifiesto que ejercerán la “legítima defensa” contra la acción de la policía, y están difundiendo un extenso manual de guerrilla callejera que ha incorporado los escraches como táctica de lucha.

Así, aunque las fuentes policiales consultadas consideran que el final del trámite parlamentario de la reforma de la ley hipotecaria implicará el declive de los escraches de la PAH, es muy probable que otros movimientos sociales enarbolen luego esa misma bandera para llevar a cabo nuevas protestas. Al menos por ahora, el Partido Popular seguirá siendo el blanco.