Imputada la Junta del Colegio de Abogados de Madrid por el escándalo de la noche electoral

El largo y tortuoso camino que llevó a Sonia Gumpert a la presidencia del Colegio de Abogados de Madrid aún tiene nuevas etapas en el horizonte. El juzgado de instrucción nº9 de Madrid ha revocado el sobreseimiento de la causa por la posibles irregularidades cometidas en la noche electoral instando a que se continúe tramitando por la posible comisión de un delito de descubrimiento o revelación de secretos. El auto del juez señala que hay indicios de que  la decana Gumpert y otras trece personas de su candidatura obtuvieron datos "a los que no podían tener acceso para manipular el proceso electoral".

Los hechos que son objeto de polémica y que han provocado su judicialización ocurrieron en la noche del pasado 18 de diciembre, cuando siete de las catorce candidaturas a la presidencia del Colegio solicitaron la nulidad de las votaciones que daban por ganadora a Sonia Gumpert ante las sospechas de irregularidades detectadas durante la jornada, situación que obligó a la comisión electoral a reunirse de urgencia y deliberar hasta altas horas de la madrugada bajo presencia policial. Finalmente las elecciones fueron suspendidas y se abrió un plazo de alegaciones para aclarar lo sucedido. Gumpert acabó siendo nombrada decana cinco días después.

En la citada noche electoral se produjeron una serie de conatos de refriega al cierre de las urnas por un supuesto uso inapropiado de bases de datos de abogados registrados por parte de la candidatura de Gumpert. De esta manera, el equipo de la candidata sabía qué potenciales letrados afines a su causa habrían acudido a votar y en función del nivel de participación iba movilizando votantes durante la jornada, poniendo a su disposición incluso servicio de taxi. El tumulto se organizó cuando la candidatura de Gumpert intentó sacar del recinto un par de ordenadores portátiles que habían estado utilizando para el seguimiento de la jornada.

La denuncia presentada por miembros de candidaturas rivales fue sobreseída, pero el juzgado de instrucción ha estimado el recurso interpuesto contra esta decisión, destacando que “una de las imputadas se negó a poner a disposición de la Comisión Electoral el contenido de los ordenadores intervenidos, lo que hubiera despejado muy fácil e indubitadamente toda sospecha o indicio incriminador”.