Ana Botella mantiene al jefe de la Policía a pesar de su imputación en el ‘Madrid Arena’

La imputación de un agente de la Policía Municipal de Madrid es determinante a la hora de ser suspendido de manera automática de empleo y sueldo hasta que la Justicia dilucide si es responsable de un delito. La regla siempre tiene una excepción y en este caso tiene nombre propio: Emilio Monteagudo, el inspector jefe de la Policía madrileña, máximo representante del cuerpo. Está imputado desde principios de febrero por el ‘caso Madrid Arena’, en el que murieron cinco jóvenes y, sin embargo, sigue en el cargo.

La orden para ser suspendido de manera cautelar debe dictarla el Ayuntamiento de Madrid, cuya alcaldesa es Ana Botella, pero ésta no está dispuesta a perder a una de las personas de confianza de su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz Gallardón. A pesar de que el cargo de inspector jefe es nombrado directamente por el Consistorio, es un miembro uniformado de la Policía y por tanto se rige por sus normas disciplinarias como cualquier otro agente, según explican fuentes policiales.

Es decir, Monteagudo no es un cargo político sino policial y por tanto, según estas mismas fuentes, su suspensión tendría que haber sido automática como ocurre con el resto de compañeros. Aún así, otras fuentes más próximas a Monteagudo explican que la suspensión sólo se hace efectiva cuando la imputación va antecedida por la detención del agente. Recientemente, dos agentes de la Policía Municipal fueron suspendidos provisionalmente por presuntamente extorsionar a un ciudadano chino al que le exigieron 1.200 euros a cambio de no ser multado. Estuvieron retenidos unas horas hasta que declararon ante el juez, que les imputó un delito de extorsión.

Monteagudo no fue detenido, pero le piden responsabilidades por un presunto delito de dejación de funciones y otro de omisión del deber de perseguir delitos o de promover su persecución. Además, una de las acusaciones ha solicitado que se le impute como responsable de cinco delitos de homicidio imprudente y otro de falsedad documental. Los abogados de varias de las víctimas consideran que la Policía podría haber cometido este último delito por haber elaborado a posteriori los informes que justificaron el dispositivo del Madrid Arena –donde se celebró la macrofiesta en la que murieron las jóvenes por aplastamiento-.

En contra de lo que Monteagudo sostuvo ante el juez Eduardo López Palop, no había ningún informe en que se recogiera la necesidad de un incremento de seguridad en la zona, a pesar de ser un evento donde se presumía una gran capacidad de personas. Finalmente, se ordenó un dispositivo de 12 agentes para controlar la zona del Madrid Arena donde se estaban produciendo varios botellones simultáneos de miles de personas.

El jefe de Monteagudo sí dimitió

El responsable directo de Monteagudo en el momento de los hechos, el pasado 1 de noviembre, era el concejal de Seguridad, Antonio de Guindos, -hermano del ministro de Economía- quien sí puso su cargo a disposición en cuanto fue imputado en la causa. Según el régimen disciplinario de la Policía, cualquier conducta constitutivo de un delito doloso supone una falta muy grave, lo que conlleva desde la suspensión de funciones de tres a seis años hasta la separación definitiva del servicio.

Monteagudo no es el único jefe de la Policía imputado por algún delito. El jefe de la Policía Local de Seseña, Francisco Javier Rodríguez-Madridejos Jiménez, se encuentra imputado por supuesta malversación de caudales públicos y falsedad documental. En su caso, sí fue suspendido de empleo y sueldo una vez se conoció el procedimiento penal por su implicación en una supuesta Caja B sin garantías de control de sus fondos en el Ayuntamiento de esa localidad. Concretamente, se le acusa de manipulación del cuadrante de horas extraordinarias y de solicitar dietas y ayudas sociales que no procedían.