Alaya debe decidir ahora si imputa a políticos en el fraude de los ERE

Nueva etapa en la instrucción de los ERE falsos. La juez Mercedes Alaya dedicó la semana pasada y este lunes a seguir la pista del dinero. Directivos de aseguradoras, testaferros y sindicalistas, así como sus parejas, rindieron cuentas judiciales a la magistrada, sin olvidar a las tres guindas mediáticas: Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo; Juan Lanzas, el conseguidor, y Juan Francisco Trujillo, el chófer de la cocaína. ¿Será ahora el turno de los políticos?

La magistrada maneja una serie de candidatos para engordar su lista de imputados en el proceso. Quien cuenta con más posibilidades es José Antonio Viera, exconsejero de Empleo de la Junta y jefe de Guerrero durante cuatro años (2000-2004), los años claves de irregularidades en el procedimiento de las ayudas sociolaborales en la Junta de Andalucía, que investiga Alaya. Antonio Fernández, el sucesor de Viera en la Consejería, no sólo fue imputado, sino que ingresó en la cárcel en abril de 2012 para ser puesto en libertad cuatro meses después.

La falta de imputación de Viera en el proceso sólo se explica por la posiblidad de perder el caso en beneficio del Tribunal Supremo, ya que el exsecretario general del PSOE de Sevilla está aforado al contar con su acta de diputado en el Congreso por esta provincia. Fuentes judiciales expresan a El Confidencial que no estaría nada claro que Alaya perdiera definitivamente el control de la instrucción al poder elaborar una pieza separada con Viera y quedarse con el resto del caso.

El problema para Alaya radica en que ha centrado su investigación desde hace más de dos años (con el parón de seis meses) en la Consejería de Empleo y que carecería de sólidos argumentos jurídicos para desvincular a Viera del resto de personas que ha ligado a la trama, sobre todo, teniendo en cuenta que los hay que han sido subordinados de él en la Junta, como Guerrero y Fernández.

“No voy a decir nada sobre esto ni sobre Antonio Fernández. Llevo mi vida normal”, respondió Viera el pasado 6 de marzo tras la llamada telefónica de este diario. El exconsejero de Trabajo negó en la comisión de investigación de los ERE falsos su vinculación con la trama de la Sierra Norte de Sevilla, cuya zona logró 51 millones de euros de ayudas, frente a los 31 millones del resto de Andalucía. Viera tiene una casa en El Pedroso, la localidad sevillana donde empezó la trama de los ERE. Guerrero fue alcalde de este municipio.

El “cajero” de los ERE

Descontada la patata caliente de Viera, la juez Alaya deberá plantearse una posible imputación de José Antonio Griñán, no en calidad de presidente de la Junta de Andalucía (desde abril de 2009), sino como consejero de Economía y Hacienda del Gobierno andaluz tras suceder en 2004 a Magdalena Álvarez. “El interventor de la Junta nunca detectó fraude ni menoscabo de fondos públicos; la Intervención nunca pidió que actuara cuando yo era consejero de Hacienda”, precisó Griñán en la comisión de investigación parlamentaria, tras resaltar: “Bajo ningún concepto se pidió la intervención del Consejo de Gobierno”. También negó que fuera el “presidente o padre de los ERE”.

El PP andaluz argumentó en las conclusiones de la fallida comisión de investigación de los ERE que había quedado “probado” que la Presidencia de la Junta de Andalucía y su Consejería “conoció y amparó por conveniencia política la concesión de ayudas públicas otorgadas sin ley y de forma arbitraria y fraudulenta”. El partido dirigido por Juan Ignacio Zoido sitúa este nivel de responsabilidad en Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Gaspar Zarrías: “Se solicita su dimisión de las responsabilidades públicas que ostenten en la actualidad, si las hubiere”, argumentaba el PP.