Ruz acorrala al PP a la espera de comprobar si los papeles de Bárcenas son auténticos

La Justicia puso ayer al Partido Popular un nuevo obstáculo en su crisis causada por el salto a la luz pública de los ‘papeles de Bárcenas’. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dado un paso definitivo al apuntar a la conexión entre la presunta contabilidad B del partido y el caso Gürtel, y tomar cartas en el asunto para investigarlo.

Desde que estalló la operación contra la trama liderada por Francisco Correa en febrero de 2009, el caso Gürtel señaló desde un principio a miembros del PP, sobre todo alcaldes de localidades madrileñas que habrían recibido comisiones ilegales por adjudicaciones a empresas de Correa. El nombre de Luis Bárcenas también salió a la palestra, pero nunca se llegaron a relacionar las supuestas comisiones recibidas con la sede nacional del partido.

El extesorero del PP ha pasado durante años de lado en la investigación, e incluso el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, llegó a retirar la imputación al extesorero. Sin embargo, Correa ya dejó entrever lo que podía suceder en una conversación telefónica con su mano derecha, Álvaro Pérez, el Bigotes, en enero de 2009, poco antes de que fueran arrestados, y que consta en el sumario. Ante varias informaciones sobre el presunto patrimonio de Bárcenas, el cabecilla de la trama, con quien ya no mantenía buenas relaciones, comentó “a cada cerdo le llega su San Martín” o “esto es el inicio, es el inicio”.

Falciani, con datos de Gürtel

Dentro del PP había un silencio tácito en torno a su extesorero, a quien incluso el partido le contrató un abogado y siguió manteniendo su despacho en la sede central en la calle Génova. Las aguas estaban en calma hasta que Suiza decidió contestar a las comisiones rogatorias requeridas por el juez. Han tardado tres años pero, finalmente, el país helvético ha decidido colaborar. Algunas fuentes gubernamentales sospechan que Suiza entrega la información como venganza por negarse a extraditar a Hervé Falciani, conocido como ‘el ladrón de datos’ suizo, un trabajador del HSBC de Ginebra que extrajo 130.000 ficheros con clientes de todas partes del mundo con cuentas en la entidad bancaria que podrían ser evasores fiscales. 

Falciani fue detenido en España en junio de 2012 cuando intentaba huir de Suiza, donde es perseguido por un delito de revelación de secretos bancarios. El próximo día 15 de abril, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebra la vista de extradición, pero la Fiscalía va a informar en contra y, desde varios foros, el Ejecutivo, cuyo Consejo de Ministros tiene la última palabra, siempre ha mantenido su negativa a entregarle.

El ladrón de datos tiene mucha información de españoles o de personas relacionadas de alguna manera con España y podría colaborar en la persecución de delitos graves. Es más, su defensa está insinuando que, con los datos aportados, ha podido colaborar en la detección de cuentas de implicados en el caso Gürtel. De ahí que la Sala de lo Penal haya accedido a pedir a Ruz que le entregue toda la documentación facilitada por los países que hayan remitido comisiones rogatorias.

Uno de los nombres que podría haber aportado es el de Luis Bárcenas, a quien le han encontrado varias cuentas en Suiza, concretamente en los bancos Dresdner Bank y Lombard Odier, con 22 millones de euros, aunque se sospecha que con la nueva ampliación de las comisiones sus fondos puedan ascender hasta los 38.

Han sido esas cifras las que han hecho dar un giro de 180 grados, por un lado, a la investigación y, por otro, a la relación del PP con Bárcenas. Las consecuencias de la información entregada por las autoridades suizas han sido que Ruz vaya a investigar si ese dinero proviene de la contabilidad B del partido.

Conexiones entre las cuentas del PP

El magistrado acaba de abrir una pieza separada para investigar al PP por sus conexiones con el caso Gürtel, algo que la formación había conseguido evitar durante cuatro años. Bárcenas se adelantó a sus movimientos y ahora los tiene en jaque. El 14 de diciembre de 2012, cuando el magistrado acababa de recibir las comisiones rogatorias pero todavía no había saltado a la luz pública, el extesorero del PP acude a un notario con un documento, con entradas y salidas de dinero en el partido, con los nombres tanto de los donantes como de los receptores, papel que, por cierto, acaba de reclamar el juez. Se anticipó a la cúpula de la formación. 

Cuando esos papeles se hicieron públicos, sólo se conoció una copia. El Gobierno en bloque salió a desmentir la información y a asegurar que eran falsos. Bárcenas se adelantó, pero con discreción. Ante los medios y ante la Justicia no reconoció su autoría en esos documentos y, mientras tanto, no aparecen los originales. El Gobierno ha puesto todos los medios a su disposición para encontrar los papeles originales porque son claves para que la causa dé sus frutos, según fuentes de la investigación. Aunque los peritos caligráficos sostengan que la letra de los papeles (en los que aparecen donaciones ilegales al PP y el pago de sobresueldos a varios dirigentes, entre ellos al propio Mariano Rajoy entre 1997 y 2009) es de Bárcenas, no podrán afirmar al cien por cien que el documento es real y, por tanto, que esas donaciones se han producido y esos sobres entregado.

La Fiscalía Anticorrupción consiguió que Ruz le dejara quedarse con la investigación y no judicializar el caso al sostener que no había conexión entre esos papeles y el caso Gürtel. Si no hay relación, no tiene razón de ser que fuera Ruz quien se quedara el asunto. Sin embargo, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) ha encontrado la conexión y el juez le ha arrebatado el caso al Ministerio público. Son tres conexiones las que hacen sospechar que entre la trama de Correa y la sede nacional del PP había una connivencia. Esos puntos de encuentro los han sacado de comparar apuntes que aparecen en la Caja B de Correa con los datos de los ‘papeles de Bárcenas’, que coinciden en fechas y en dinero.

El juez coge el testigo de Anticorrupción

Ruz tomará el caso donde la Fiscalía lo dejó. Están pendiente de recibir por parte de la Agencia Tributaria las declaraciones de la renta de todos los supuestos perceptores de dinero en sobres, como el presidente del Gobierno, los que fueran vicesecretarios Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, o los secretarios generales Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y Dolores de Cospedal.

Una vez que tenga esos datos y la prueba caligráfica que está realizando la Policía, el magistrado tendrá que tomar declaración a los empresarios que aparecen como donantes de dinero y que Anticorrupción anunció que les escucharía y no lo llegó a hacer, como son los presidentes de Sacyr Vallermoso, OHL o FCC.

Para el Gobierno, estas informaciones han sido un varapalo, al que se ha añadido el escándalo de las fiestas de cumpleaños de los hijos de la actual ministra de Sanidad, Ana Mato, pagadas por las empresas de Correa. Un reciente informe de la UDEF destapó el pagó de fiestas, comuniones, regalos y viajes a ella y al que fuera su marido, Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) e imputado en el caso Gürtel.

Ante estos nuevos hechos, Ruz citó ayer a declarar como testigos a los representantes de las empresas que organizaron tales fiestas. El gerente de Interglobo reconoció ante el juez que esas fiestas con payasos y confeti en casa del matrimonio fueron costeadas por Special Events, una de las empresas de la trama. Mato y Sepúlveda no llegaron a hablar nunca con los organizadores porque era “la gente de Correa” quien se encargaba de todo.