¿Qué tesoro esconde el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid?
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LA FEROZ PUGNA POR HACERSE CON EL DECANATO DESATA LAS ESPECULACIONES

¿Qué tesoro esconde el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid?

La carrera por hacerse con el decanato de los abogados madrileños arrancó con una tensa campaña trufada de sospechas, alcanzó su punto álgido en una larga

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¿Qué tesoro esconde el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid?

La carrera por hacerse con el decanato de los abogados madrileños arrancó con una tensa campaña trufada de sospechas, alcanzó su punto álgido en una larga y vergonzosa noche electoral con intervención de la Policía y ha continuado con todo tipo de acusaciones cruzadas en público y en privado. Por el camino ha quedado la maltrecha imagen del colectivo y una inusual atención hacia una institución habitualmente discreta y alejada de los focos.

Ahora que la Comisión Electoral ha confirmado la victoria de la candidatura de Sonia Gumpert desestimando las alegaciones de sus rivales, no son pocos los que se preguntan qué premio puede justificar una batalla tan encarnizada y que está resultando tan cara en términos de imagen pública. “El miedo a perder el poder lleva a estas irregularidades”, afirmaron sin ambages desde el equipo de Gumpert.

Dinero y poder. Todas las posibles respuestas acaban llevando a estos dos conceptos universales, aunque el segundo parece más decisivo. A lo largo de los años, el Colegio de Abogados de Madrid ha destacado por sus buenas relaciones con los poderes públicos y su renuencia a cualquier conflicto institucional. Una actitud que ha ayudado a los altos cargos del ICAM a hacerse con los servicios de clientes tan nobles como la propia Reina Sofía, que recientemente puso en manos del decano Hernández-Gil su demanda contra la agencia de contactos Ashley Madison.  

No es un ejemplo aislado: el Ayuntamiento de Madrid ha confiado su defensa en el caso Madrid Arena al despacho de Luis Rodríguez Ramos (número dos de la Junta de Gobierno) a pesar de que el Consistorio cuenta con su propio cuerpo de letrados.

Sea como fuere, nadie en el mundo de la abogacía discute los beneficios en términos de influencia, prestigio y renombre que se obtienen por sentarse en el sillón presidencial del ICAM, sin olvidar que el puesto garantiza la posibilidad de mantener reuniones periódicas con el Ministro de Justicia o el Gobierno de la Comunidad como parte de sus funciones naturales.

Una gestión demasiado opaca

Tampoco debe minimizarse el aspecto económico. El ICAM  maneja un presupuesto anual de algo más de 50 millones de euros, la gran mayoría provenientes de las cuotas de sus 66.000 colegiados. A esa cifra hay que sumar los cerca de 30 millones de subvención del Turno de Oficio, una cantidad que la Comunidad de Madrid tenía pendiente de pago y que precisamente ha sido abonada dos días después de las elecciones.

En la distribución que hace el Colegio de esos recursos hay algunos conceptos cuyos criterios de reparto no están claramente estipulados, como es el caso del millón de euros destinado a acciones formativas. Numerosos abogados señalan la opacidad a la hora de seleccionar a los ponentes de los cursos de formación y no falta quien se queja de que dejaron de contar con sus servicios tras anunciar su adscripción a una candidatura opositora. En la misma línea, existen dudas sobre la manera en que se gestionarán las relaciones con los centros que impartan los nuevos másteres de Acceso a la Abogacía que deben cursar todos los licenciados en Derecho que quieran ejercer como abogados.

La misma penumbra parece rodear el proceso de constitución de la nueva Mutua de Asistencia Sanitaria, que va a sustituir al tradicional Servicio Médico y que gestiona unos 24 millones de euros. Una operación necesaria según el decano saliente, Antonio Hernández-Gil, y que a juicio de varios candidatos supone una “despatrimonialización”.

Claro que si el colegio no ha hecho muchos esfuerzos en aras de la transparencia, tampoco el conjunto de la abogacía madrileña puede presumir de haber mostrado un especial interés en obtenerla. Ahora que la demanda de una mayor claridad en la gestión de la institución está presente en la mayoría de los programas electorales de los candidatos, muchos abogados albergan la esperanza de que el bochornoso espectáculo que han supuesto estas elecciones sirva al menos para implantar una mayor conciencia colectiva sobre la importancia de involucrarse en el colegio. Todo apunta a que la primera decana de la historia del ICAM trabajará bajo el escrutinio de más colegas de lo que solía ser habitual.

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid