Andalucía gastará 225 millones en pagar a 1.300 exempleados de empresas subvencionadas

Son trabajadores de empresas fracasadas tras importantes inyecciones de dinero de la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz se gastará 225 millones en pagar a 1.383 exempleados de Santana, Astilleros de Sevilla, Delphi y Boliden Apirsa. Hasta ahora el pago de estas ayudas sociolaborales los subcontrataba la Junta a empresas aseguradoras. La Junta también asumirá el gasto de los afectados por la liquidación de la compañía aseguradora APRA Leven, que gestionaba las prestaciones en 18 empresas de la comunidad.

Con esta medida, que se ejecuta a través de un decreto-ley, la Junta de Andalucía intenta evitar que ocurra idéntico modus operandi al sistema de ayudas sociolaborales otorgadas discrecionalmente, sin control alguno, en la Consejería de Empleo durante la década que Francisco Javier Guerrero fue director general de Trabajo de la Junta, el llamado caso de los EREs falsos, el mayor escándalo de corrupción de la última década en Andalucía.

El propio Gobierno andaluz admite que con esta normativa “se actualiza la regulación del sistema de prestaciones y se introducen mejoras de tramitación, control y verificación”. En Santana, la historia del mayor fracaso industrial de la Junta, se ha gastado en 15 años más de 600 millones de euros. En Delphi, 1.522 trabajadores fueron despedidos. Y empresas que contrataron a exempleados de Delphi como Gadir Solar consiguió ayudas de la Junta de 32 millones para asegurar la viabilidad de la compañía, a pesar de que despidió a más de 100 personas.

El pago directo por parte de la administración autonómica supondrá un ahorro de 7,5 millones de euros derivado de eliminar comisiones de intermediación de las aseguradoras. La Junta se ha dado un plazo de 14 años. El procedimiento se iniciará de oficio y una comisión técnica compuesta por funcionarios verificará y elevará las propuestas. La persona titular de la Dirección General de Relaciones Laborales dictará la resolución en el plazo máximo de un mes. El decreto-ley podría publicarse este mismo jueves.

La normativa contempla las ayudas previas a la jubilación y exige una revisión anual en el mismo porcentaje que las pensiones contributivas de la Seguridad Social, con un incremento máximo del 2%. Además, no podrán superar la pensión máxima del régimen general de la Seguridad Social. Los beneficiarios deberán estar dados de alta como demandantes de trabajo y participar en acciones de políticas activas de empleo, principalmente de tipo formativo.

En cuanto a las mejoras de procedimiento, las ayudas de prejubilación en las que la Junta financia la prima de los contratos serán renovadas bajo una serie de condiciones que dan mayor seguridad a los trabajadores e impiden la existencia de gastos de intermediación o comisiones, según Europa Press. Las pólizas que están ahora en activo van a ser renovadas o refinanciadas con arreglo a una serie de características, entre las cuales está que no exista el pago a intermediarios.

Los representantes de los trabajadores y que las compañías de seguros tienen que ponerse de acuerdo y trasladarle a la Junta que se van a refinanciar esas pólizas. Las personas afectadas por la renovación de pólizas son unas 5.700 y la Junta estima un coste de 350 millones de euros.