Fracasa la ley: casi la mitad de las empleadas de hogar sigue sin darse de alta

En el ministerio de Empleo y Seguridad Social no están satisfechos con el resultado de la nueva “regularización del servicio del hogar familiar”, el sistema diseñado por el Gobierno para regularizar la situación de las empleadas de hogar y acabar de raíz con la economía sumergida de la que tradicionalmente ha vivido el sector. Los afectados tenían los seis primeros meses del año de margen para darse de alta en el sistema. Un período de integración que ha resultado ser “insuficiente” y cuyo coste ascenderá a “63 millones de euros al año”, según explicó el propio secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, en una comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo.

La nueva normativa obligaba a que las limpiadoras cotizaran desde la primera hora de trabajo y no cuando dediquen más de 20 horas semanales a un mismo domicilio, como sucedía hasta ahora, a partir del 1 de julio. La dificultad de tramitación, el coste económico que supone para ambas partes y la falta de facilidades e incentivos han despertado un aluvión de dudas entre empleadores y empleadas, según el secretario de Estado, que reconocía públicamente en la Cámara Baja que el nuevo sistema de Seguridad Social para las empleadas del hogar no ha reducido “la gran bolsa” de economía sumergida que todavía se detecta.

Tradicionalmente, el sector doméstico emplea a unas 600.000 personas, según los datos que recoge la Encuesta de Población Activa (EPA). Solo en agosto, 83.511 personas se dieron de alta en el nuevo régimen, que a finales de agosto acumulaba 378.427 afiliadas. Un buen dato pero “discreto”, según las palabras de Burgos, que señaló en la Cámara Baja que, a pesar de aumentar en un 28% el número de afiliados al nuevo sistema, no significa que el sistema recaude más, “sino todo lo contrario”.

Según el informe que ha confeccionado el ministerio de Empleo, entre enero y julio la recaudación en la Seguridad Social ha caído en 12,59 millones de euros: un 4% menos que en el mismo período del año pasado. Además, la administración constata que se han producido un descenso de las bases de cotización de los asistentes domésticos como consecuencia de que un gran número de contratos presenta “un escaso número de horas”, lo que implica que la base media mensual es inferior en un 30% a la base vigente el año anterior.

El secretario de Estado de Seguridad Social señaló que la transición de un régimen a otro no ha sido especialmente complicado para los trabajadores fijos que trabajan para un solo empleador, pero sí para los “discontinuos que lo hacen para dos o más empleadores”. Aún así, se ha comprometido a simplificar los trámites, sin dejar de confiar en que la contratación de las trabajadoras se normalizará poco a poco.

Incentivar la afiliación de las empleadas

A 31 de diciembre de 2011, en España había más de 770.000 empleadas del hogar, por lo que los datos oficiales reflejan que muchas siguen trabajando ‘en negro’. Sobre este punto, Burgos evitó cuantificar este colectivo y señaló que en los próximos meses el Gobierno reducirá la “complejidad” de los trámites para seguir incentivando la afiliación de estas empleadas. Uno de los problemas de la ley es que resulta muy difícil llevar a cabo un control sobre su cumplimiento, entre otras cosas porque los inspectores de Trabajo no pueden entrar en los domicilios de los particulares.

La nueva normativa que el Ministerio de Empleo puso en marcha el 1 de enero supone un giro de 180 grados y afecta tanto a las trabajadoras como a las personas a las que prestan su servicio, ya que aunque las empleadas trabajen solo una hora a la semana en una determinada vivienda, el titular de la casa debe darle de alta en la Seguridad Social. Hasta entonces, las trabajadoras discontinuas (las que van a varias casas) no tenían derecho a pensión de jubilación ni a baja por enfermedad. Ahora ya pueden cogerse una baja laboral por enfermedad o por accidente laboral, como el resto de trabajadores.

Para Burgos, la cifra de afiliaciones es un dato “discreto” en un sector en el que tradicionalmente las dos partes asumían que se trabajaba sin contrato, donde todo es nuevo y la gente tiene que ir acostumbrándose. Los más reticentes a incluir a las limpiadoras en el sistema son los empleadores, que consideran “desproporcionadas” que sus obligaciones sean similares a los empresarios.