Diez CCAA ignoran al Gobierno y no aportan una sola idea para luchar contra el fraude en el paro

El debate está en la calle: ¿Sobran políticos y asesores en las Comunidades Autónomas? Depende. Lo que está claro es que sobran bastantes dirigentes en las Consejerías de Empleo de 10 Comunidades Autónomas. ¿Es posible que ninguno de ellos aportara una sola idea al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para acabar con el fraude en materia de prestaciones y subsidios por desempleo? Sí, es posible y, lo más grave, ocho son gobernadas por el Partido Popular, mientras que las dos restantes son las líderes en paro: Andalucía y Canarias con 1.015.716 y 289.785 desempleados, respectivamente. Para los incrédulos la prueba está en el BOE del 4 de agosto. Los políticos del resto de Comunidades Autónomas sólo aportaron 9 ideas en esa materia al Plan Anual de Política de Empleo.

En plenas vacaciones el ministerio que dirige Fátima Báñez publicó en el BOE del 4 de agosto la resolución de 59 páginas ampliación del acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de julio por el que se aprobó el Plan Anual de Política de Empleo 2012, dotado con 5.807.219,74 miles de euros. 

Allí se relata una situación laboral crítica en España, donde, por ejemplo, se detalla que la tasa de paro del primer trimestre de 2012 alcanza el 24,44%, mientras que en el mismo periodo de 2008 era de 9,63%, se recuerda que la tasa de paro juvenil es del 54,02% y, entre otros datos, se asegura que el número de personas que lleva más de un año en las listas del paro se ha quintuplicado en 4 años. Tras ese preámbulo el ministerio pasa a diseñar la estrategia a desarrollar en política de empleo entre las Comunidades Autónomas y el Estado.

Uno de los objetivos del plan es una mejor coordinación entre las administraciones, la evaluación más rigurosa "de las acciones y medidas de políticas activas entre el SEPE y las Comunidades Autónomas", el apoyo a los emprendedores o el desarrollo de la colaboración público-privada para mejorar los mecanismos de la búsqueda de empleo. Además, una de las intenciones del departamento de Fátima Báñez es exigir la revisión del plan "al objeto de comprobar la contribución de dichas políticas a mejorar la empleabilidad de los desempleados". Para intentar conseguir esos objetivos el 24 de mayo se celebró una Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

Y fue de allí donde salieron las aportaciones al documento final. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social tiene seis objetivos: reducir la tasa de desempleo juvenil, mejorar la empleabilidad de los demás colectivos afectados por el paro, apoyar a los emprendedores, acentuar la colaboración público-privada con el fin de realzar los mecanismos de búsqueda de desempleo por los desempleados, desarrollar medidas para colectivos específicos con especial atención a las personas con discapacidad y, por último, luchar contra el fraude.

Fue en este apartado número 6, el relativo a la lucha contra el fraude, en el que los representantes de 10 autonomías no presentaron una sola iniciativa. Fueron Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid y La Rioja. Los políticos dejaron la casilla en blanco como los malos estudiantes.

El resto de dirigentes autonómicos tampoco estuvieron muy activos. Cataluña y Castilla-La Mancha realizaron dos aportaciones, mientras que Asturias, Baleares, Murcia, Navarra y el País Vasco se quedaron en una.