FACUA denuncia que el Gobierno quiere ilegalizarla por criticar los recortes

“Ningún Gobierno va a prohibirnos que defendamos a los consumidores. Es nuestra obligación moral hacerlo”. Así de tajante se mostraba FACUA ante la advertencia del Ministerio de Sanidad de echarles del registro de asociaciones de consumidores por sus críticas a los recortes y sus llamamientos a las movilizaciones.

La noticia ha salido a la luz después de que la organización de consumidores recibiese una carta de la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, en la que les emplaza a paralizar y eliminar antes del próximo 22 de agosto toda acción contra los ajustes en su página web. "En caso de incumplimiento se procederá a decretar la pérdida de condición de asociación de consumidores y usuarios y su exclusión del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios", concluye el requerimiento.

La respuesta de FACUA no se ha hecho esperar y por boca de su portavoz, Rubén Sánchez, han manifestado su intención de no cambiar “ni un ápice” su actuación en defensa de los usuarios de la sanidad, la educación pública, o en relación con el acceso a la justicia y la subida del IVA.

Por su parte, en el Ministerio de Sanidad consideran que las reivindicaciones realizadas por FACUA son propias de una organización social y no de una inscrita en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios. Así, según garantizan en Sanidad, no se quiere “ilegalizar” a nadie porque "todo el mundo tiene derecho" a constituirse como asociación, pero insisten en la necesidad de cumplir una serie de "requisitos".

La polémica llega a las redes sociales

Las redes sociales no tardaron en reaccionar a la polémica y los mensajes de solidaridad se repitieron en Twitter bajo en el hashtag #yosoyfacua. “Nos rescatan, nos suben los impuestos, nos quitan las prestaciones, no nos dan trabajo... Y encima, ¿no nos podemos quejar?” se preguntaban los usuarios.

Un rechazo a la posición del Gobierno que también evidenció la Junta de Andalucía, que condenó “cualquier tipo de presión que ponga en riesgo la garantía de los derechos de los consumidores”. En la misma línea, se manifestó Equo, que calificó de “inadmisible el intento de chantaje” del Ejecutivo.