El Gobierno aprobará el recorte en las AAPP este mes y espera al crédito para subir el IVA

El Gobierno descarta una inminente subida del IVA porque quiere que se concrete primero la línea de crédito europeo de ayuda a la banca española con problemas y prefiere que entren cuanto antes en vigor (en septiembre) las medidas antifraude. En los planes del Ejecutivo la gran reforma inaplazable y que será aprobada este mes es la de las Administraciones Públicas para acabar con la duplicidad de competencias y abrir el camino a las privatizaciones, reducción de costes y recorte de plantillas de empleados públicos en los servicios auxiliares. Según fuentes gubernamentales, el anunciado (y previsible) desmarque del PSOE en la reforma administrativa no frenará el objetivo de acometer ya otro problema fundamental de la economía española como es su incapaz para sostener el peso del Estado.

Mariano Rajoy no ha terminado de echar el pulso a las instituciones de la UE. Las cuestiones de detalle que no quiso, o no pudo explicar, sobre las ayudas directas a las entidades españolas después del Consejo Europeo del pasado viernes siguen abiertas y hasta que no se concreten en las próximas reuniones del Eurogrupo (la primera el día 9) sigue decidido a no mover pieza, y menos la de subir el IVA. En medios gubernamentales descartan que esa medida, por la vía del anunciado ‘ensanchamiento’ del impuesto sea abordada por el Consejo de Ministros en sus próximas reuniones.

Rajoy y Luis de Guindos han anunciado ‘esfuerzos adicionales’ o ‘pisar el acelerador’ de las reformas, pero las primeras medidas no tienen que afectar a los impuestos. La obsesión del Ejecutivo sigue siendo ganar tiempo. Pretende que se ponga en marcha primero el mecanismo de recapitalización de las cajas, que es cuestión de semanas según el ministro de Economía. Además, Hacienda aspira a que entre en vigor cuanto antes el paquete de medidas contra el fraude en la recaudación de impuestos aprobado por el Gobierno y que no saldrá del Congreso antes de finales de septiembre. En el equipo económico del Ejecutivo, ministerios y Presidencia, aseguran que el problema de la recaudación del IVA no son los tipos del impuesto, sino el fraude, ampliamente extendido.

Sólo en mayo la recaudación por IVA bajó un 5,5%, un 6% en el caso de las grandes empresas y un 9,2 el de las pymes. En fuentes gubernamentales reconocen que es urgente parar esos descensos para cumplir el objetivo de déficit. Se han comportado mucho mejor las otras dos principales vías de recaudación de Hacienda: el IRPF gracias a la subida de tipos de enero y el Impuesto de Sociedades por las medidas para poner fin a los privilegios que tenían las grandes empresas adoptadas por el Gobierno en el primer trimestre del año.

Subida de impuestos aparte, la gran baza del Ejecutivo para equilibrar las cuentas públicas sigue siendo la reforma de las Administraciones (central, autonómica y local). El Gobierno aprobará antes de agosto una reforma de competencias, funciones y vías de financiación para el conjunto del Estado que sirva para acabar con las duplicidades en la prestación de servicios y, sobre todo, para que las Administraciones sean de verdad ‘sostenibles’. Es el único punto de preacuerdo alcanzado entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba (negociar la reforma de las administraciones), pero el PSOE ya se ha empezado a descolgar de las negociaciones porque se opone a las privatizaciones de servicios que podría conllevar y también por la tutela efectiva (presupuestaria y financiera) por parte de Hacienda sobre los ayuntamientos.

 El único pacto cerrado consistía en admitir que las Diputaciones se hagan cargo de los servicios de municipios de menos de 20.000 habitantes. Aunque siguen las negociaciones entre ambos partidos, el Gobierno también conversa con comunidades autónomas, la federación española de municipios y las demás fuerzas políticas con el objetivo de elaborar este mismo mes un proyecto de ley con el contenido de la reforma.

Según reconocen en medios gubernamentales, era difícil que el PSOE dejara de hacer oposición en esa materia porque sólo quieren cerrar las Diputaciones (no tienen) y va en contra de sus posiciones todo lo que sea reducir Estado. De cualquier forma, el Gobierno aspira a que esa ley entre en vigor a final de año con el gran ahorro que supondrá para las arcas públicas el fin de la duplicidad de competencias y la posibilidad del trasvase directo de empleados públicos al sector privado en el sector de servicios no esenciales.