La secta secreta El Yunque, acorralada: el juez admite la demanda contra sus líderes

Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la demanda interpuesta por el abogado Pedro Leblic, en representación de un grupo de padres católicos, contra la secta El Yunque y sus presuntos líderes, entre ellos Ignacio Arsuaga, presidente de la plataforma Hazte Oír, y Eduardo Hertfelder, del Instituto de Política Familiar, dos de las asociaciones que supuestamente sirven de tapadera a la sociedad secreta.

La demanda, presentada el pasado 29 de febrero, exige la disolución de El Yunque y de las plataformas que la secta utiliza como pantalla de sus actividades clandestinas: Hazte Oír, Instituto de Política de Familiar, Profesionales por la Ética, Organización del Bien Común y Asociación de Montaña a Contracorriente. En ella, además, se pide al juez que declare la pertenencia a El Yunque de Arsuaga, Hertfelder, Jaime Urcelay, Liberto Senderos y Leonor Tamayo.

El Yunque es una secta de carácter paramilitar vinculada al integrismo católico de ultraderecha, nacida en México en 1952, que capta a menores y adolescentes con el objetivo de infiltrarse en las estructuras del poder político para "instaurar el reinado de Cristo en la tierra". Sus miembros consagran sus vidas a "preparar una aristocracia del espíritu que debe gobernar España según los dictados evangélicos".

Leblic argumenta que la Constitución prohíbe en su artículo 22.5 las asociaciones secretas y de carácter paramilitar. Y asegura que su objetivo es poner al descubierto "unos hechos de enorme gravedad que atentan contra la convivencia y las normas civiles y constitucionales que regulan la sociedad española". Entre la exhaustiva documentación que acompaña la demanda se incluye un detallado informe sobre el modus operandi de El Yunque elaborado por el profesor Fernando López Luengos, vicepresidente de la asociación católica Educación y Persona, que fue entregado en 2010 al presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Antonio Rouco Varela.

La vista previa, en verano

El Juzgado de Primera Instancia número 45 de Madrid admitió a trámite la demanda el 12 de marzo, y el pasado viernes notificó su decisión a la Fiscalía y a las partes. Los demandados tienen ahora un plazo de 20 días para presentar sus alegaciones. Y el juez les advierte de que, de no hacerlo, se les declarará en situación de rebeldía procesal. La vista previa se celebrará, probablemente, en el verano, y el juicio no antes de final de año.

El juez debe también decidir cuántos testigos podrán prestar declaración en el juicio. Leblic ha asegurado a El Confidencial que cuenta con el testimonio de cerca de tres docenas de testigos, entre ellos varios ex miembros de El Yunque, jóvenes que fueron captados en su día por la secta y personas a las que los líderes de la sociedad secreta confesaron en privado su pertenencia a la misma.