Miles de futuros abogados exigen al PP que les exima de hacer un máster

No ha sido una semana tranquila para los estudiantes de Derecho, y no solo porque se encuentren en pleno periodo de exámenes. Desde que Alberto Ruiz-Gallardón hiciera una breve mención a la reforma de la Ley de Acceso a la Abogacía en la comisión del Congreso, se han sucedido las declaraciones confusas y contradictorias desde Justicia que han sumido a los estudiantes de Derecho en una profunda indignación por las dudas que se ciernen sobre su futuro profesional.

La polémica ley, que fue aprobada en 2006 y entró en vigor el pasado octubre, establece que los estudiantes de la carrera de Derecho deberán superar un máster, unas prácticas (incluidas en ese curso de posgrado) y un examen para poder ejercer y ser llamados abogados. Desde la Asociación de afectados por la Ley de Acceso a la Abogacía y Procura (ANALAP) reivindican la exclusión de esta norma de todos los estudiantes de Licenciatura debido a la discriminación que supone equipararles con los de Grado (que siguen el ‘Plan Bolonia’), puesto que ellos realizan un curso más y un número mayor de créditos. Actualmente conviven ambos sistemas, y las Licenciaturas se extinguirán de forma definitiva en el año 2015.

Aún más flagrante es la desigualdad que se produce entre los licenciados que terminaron la carrera en septiembre pasado y los que aún no lo han hecho, puesto que los segundos no podrán colegiarse sin hacer el máster a pesar de haber hecho exactamente los mismos estudios que sus compañeros de cursos superiores. “Están impidiendo que alguien ejerza su profesión aunque haya terminado la carrera con sobresalientes”, señala José Beceiro, presidente de ANALAP, desde donde además se destaca la inconveniencia de poner trabas a la incorporación de los jóvenes al mercado laboral en la coyuntura actual. La situación afecta a cerca de 20.000 futuros licenciados.

A lo largo del año 2010, los estudiantes organizaron movilizaciones en facultades de Derecho de toda España, protestas que no fueron escuchadas por el Ejecutivo socialista pero sí por el resto de fuerzas políticas como el Partido Popular, Izquierda Unida y UPyD, que siempre les han mostrado su apoyo.  Tanto es así que la exclusión de todos los licenciados fue solicitada por el Partido Popular en una moción presentada en el Senado el pasado septiembre, por lo que los estudiantes confiaban en que se llevase a cabo con el cambio de Gobierno. Especialmente después de que el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, les asegurara que no gobernarían “en contra de lo que hicimos en oposición” y de que las Nuevas Generaciones del PP recogieran la reivindicación en su programa. En declaraciones a El Confidencial, la presidenta de NNGG, Beatriz Jurado, afirmaba la semana pasada que “los ministros de Justicia y Educación han tenido este tema sobre la mesa desde el primer día y se han mostrado muy receptivos”. Jurado añadió que “se trata de una respuesta a una demanda real que se dará manteniendo la coherencia con lo que se dijo en la anterior legislatura”.

Gallardón no aclara la cuestión

No obstante, las cosas han resultado no ser tan sencillas. Al final de la Comisión de Justicia en el Congreso, Gaspar Llamazares planteó la cuestión a Gallardón, obteniendo una respuesta imprecisa. El ministro aseguró conocer bien el tema y se mostró de acuerdo en la necesidad de “corregir algún déficit legislativo”, pero no concretó cuál sería la modificación y señaló que se haría por vía reglamentaria, algo imposible si lo que se pretende es excluir a los licenciados.  Unos días más tarde, en ‘Los desayunos de TVE’, el ministro declaró que la modificación afectaría solo a los que cursan dobles licenciaturas, y al día siguiente se corregía en la Cadena COPE para incluir a “todos los que iniciaron sus estudios antes de la entrada en vigor de la ley”.  La entrada en vigor se produjo hace solo tres meses, por lo que se entiende que quiso decir “antes de la aprobación”.

Para echar más leña a la confusión, algunos de los estudiantes han decidido escribir directamente al Ministerio de Justicia y han recibido una contestación que señala que serán excluidos “previsiblemente” los licenciados “hasta el año 2013”. Una decisión que no satisface sus pretensiones, puesto que piden la exclusión todos los licenciados, y la Licenciatura no se extinguirá hasta 2015. “Solo pedimos que cumplan lo que propusieron en el Senado”, señala Beceiro.

Sospechas de presiones

¿Cómo es posible que una modificación aparentemente menor esté siendo tan difícil de llevar a cabo? Es necesario tener en cuenta que los encargados de impartir el máster de acceso son universidades y colegios de abogados que llevan meses preparándolo y que esperan conseguir una importante cifra de ingresos mediante las inscripciones de los estudiantes.

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, se reunió el pasado miércoles con el ministro de Justicia y le trasladó sus “reivindicaciones” acerca de la Ley de Acceso. “El máster se inaugurará en el mes de octubre”, declaró Carnicer, a quien los estudiantes recuerdan ahora en las redes sociales el ‘pacto entre caballeros’ que alcanzaron el pasado mayo, por el que el presidente del CGAE se habría comprometido a defender la exclusión los Licenciados a cambio de que los estudiantes apoyaran que el contenido del máster fuera eminentemente práctico.

Por otro lado, el diario Expansión ha informado de que una parte de los decanos de las Facultades de Derecho está presionando para evitar cualquier tipo de moratoria, afirmando que la presidenta de la Conferencia de Decanos, Mariola Urrea, se puso en contacto con la jefa del Gabinete del ministro de Justicia postulándose en contra de las posibles modificaciones.

“Está claro que están teniendo muchísimas presiones en el Ministerio”, opina Beceiro. “Probablemente acaben excluyendo a los licenciados hasta 2013, una decisión salomónica que perjudica parcialmente a las dos partes, porque si hacen una moratoria hasta 2015 los Colegios y las Universidades se les van a echar encima. Pero es lo que deberían hacer, porque dieron su palabra”, sentencia el representante de los estudiantes.