Víctimas del franquismo apoyan a Garzón y piden ayuda para buscar a sus muertos

Las emociones se han impuesto esta mañana a los fundamentos jurídicos en la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo que juzga al magistrado Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. Dos testigos ajenos a las formalidades del derecho han expuesto con sencillez y sinceridad que llevan 75 años buscando los restos de sus seres queridos asesinados al inicio de la Guerra Civil, y un tercero, historiador, la ausencia de ayuda oficial para localizar y exhumar las fosas del franquismo. La acusación ha intentado, sin éxito, impedir su testimonio apelando a que el objeto de la vista es determinar si Garzón prevaricó o no.

María Martín López, de 81 años, vestida de negro, pelo completamente blanco y el rostro surcado de arrugas, entró en la Sala con la ayuda de un andador. Se sentó ante el tribunal y contó como la noche del 21 de septiembre de 1936 un grupo de hombres se llevó de casa a su madre por no pagar las 1.000 pesetas que le pedían. “Dijeron que la llevaban a declarar a Arenas de San Pedro, pero ya no volvimos a verla”, cuenta María, que entonces tenía 6 años.

Ella y su hermana de 12 años fueron también víctimas de la inquina de los falangistas, que las obligaban a beber botellas de aceite de ricino con guindillas, uno de los métodos que los golpistas utilizaron para vejar a las mujeres, a las que en ocasiones también cortaban el pelo al cero.

El padre de María fue encarcelado, y a la salida de prisión intentó localizar el cadáver de su mujer en la cuneta en la que los vecinos decían que fue asesinada. “Sabemos dónde están sus restos, pero no nos han dejado desenterrarlos. Cuando mi padre preguntaba le decían que lo dejara no fuesen a hacerle lo mismo que habían hecho con su mujer (…) Antes de morir mi padre me pidió que continuara la búsqueda de los restos de mi madre para enterrarla con él”.

Las acusaciones intentaron cortar el relato de la testigo, y de los que obviamente le iban a seguir, apelando al presidente de la Sala que lo que se juzgaba era si el juez Garzón cometió un presunto delito de prevaricación porque no tenía competencia para investigar estos hechos. “Es el presidente el que determina las preguntas que son pertinentes”, cortó tajante al letrado.”¿Puedo enseñar una foto?”, preguntó María al tribunal al concluir su declaración. “Sí”, le contestó el presidente. Rebuscó en su bolso y sacó una foto en blanco y negro de sus padres que mostró al tribunal.

Pino Sosa Sosa tiene 75 años de edad y vive en Gran Canaria y preside la Asociación de la Memoria Histórica de Arucas. Con gran aplomo contó que dos falangistas se llevaron a su padre de casa y lo ajusticiaron. Ella tenía 40 días y nunca lo conoció. “Cuando se llevaron a mi padre se llevaron también el pan y la sal de nuestra casa. Mi madre lo buscó pero no consiguió encontrar su cadáver y la obligaron a firmar un certificado de defunción”.

Ya fuera de la Sala relató que su asociación ha conseguido determinar que los cadáveres de muchos asesinados fueron arrojados a cuatro pozos que posteriormente, ya en los años cincuenta, fueron sellados con losas de cemento. Uno de ellos, conocido como el pozo del Llano de la Brujas, de 53 metros de profundidad, es el único que han conseguido abrir hasta el momento. Sepultados bajo 3 metros de tierra acumulada por el paso del tiempo hallaron 28 cuerpos, entre los que no estaba el de su padre.

“Tenemos dinero para abrir un segundo pozo, queremos ir uno a uno”, dice Pino, que explica que en Agaete, un municipio muy pequeño, se llevaron a 32 hombres y la localidad es conocida ahora como “el pueblo de las viudas”.

El letrado de la acusación intentó demostrar que las denuncias que las víctimas y las asociaciones de memoria histórica presentaron en diciembre de 2006 ante la Audiencia Nacional estuvieron dirigidas (no dijo por quién) y se formalizaron sin que antes se hubiesen presentado en los juzgados de instrucción de las localidades en las que se produjeron las desapariciones. También en este caso le falló la estrategia porque en los casos relatados sí hubo denuncias previas que nunca se atendieron.

“¿No sabían que las causas por las desapariciones estaban archivadas al haber prescrito?”, preguntó el letrado de la acusación a la testigo. “Preguntamos y nos dijeron que estos delitos no prescribían; entonces acudimos a la Audiencia Nacional”, respondió Pino. “¿Recibe su organización algún tipo de subvención o ayuda pública?”, volvió a preguntar el abogado. “No señor”, zanjó la testigo.

El último turno fue para el historiador Ángel Rodríguez Gallardo, miembro de la Asociación para la Memoria Histórica de Ponteareas (Pontevedra), que ha investigado las desapariciones del franquismo en Galicia. Explicó las dificultades para acceder a los archivos militares, de la Guardia Civil y de la Policía, remontó la primera exhumación a 1977 y dijo que un año después se intentó crear una Comisión de la Verdad que fracasó.

“La búsqueda de desaparecidos ha sido un proceso histórico de muchos años, pero el golpe de Estado del 23F paralizó todo hasta 1996. El Gobierno del PSOE (presidido entonces por Felipe González) decidió aparcar este tema durante 14 años, que nosotros conocemos como la suspensión de la memoria”.

Rodríguez manifestó que de lo investigado hasta ahora podía afirmar que los golpistas llevaron a cabo a partir de 1939 “un plan sistemático para eliminar a los representantes legítimos de la II República y las fuerzas que la defendieron, lo que es un caso claro de genocidio”. El testigo terminó pidiendo ayuda a la Justicia, porque sin ella “será imposible conocer lo que pasó”. La vista se levantó hasta mañana, con la comparecencia de nuevos testigos de la defensa.