Los abogados de la ‘Gürtel’ tildan de “monstruosas” las escuchas de Garzón

Los abogados de los jefes de la trama Gürtel han arremetido en la jornada de hoy contra el juez Baltasar Garzón por vulnerar sus derechos de defensa; contra el fiscal por no haber cumplido con su papel de garante del cumplimiento de la ley y acusarles de buscar la nulidad del caso, y contra el Colegio de Abogados por no haberse personado en la causa en beneficio del ejercicio libre de la abogacía.

José Antonio Choclán, Ignacio Peláez y Rodríguez Mourullo se han despachado también con los mandos policiales que llevaron a cabo la intervención de las comunicaciones, que ayer exculparon al magistrado al asumir la iniciativa de las mismas.

Peláez, que intervino en primer lugar, aclaró que estaba allí para defenderse a sí mismo y no a su cliente en el caso Gürtel (el constructor José Luis Ulibarri) porque “se han violado mis derechos constitucionales”. “Para mí no es grato poner una querella a un antiguo compañero (es fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional) con el que he tenido el placer de trabajar”. Ha sido su única concesión a la galería antes de hacer un alegato contra el magistrado por haber “pinchado” las conversaciones con su cliente.

El letrado ha dicho que aunque la Policía asumiera ayer que fue ella, y no el juez, quien pidió las intervenciones porque los anteriores letrados de los imputados formaban parte de la trama delictiva, “el único que tiene capacidad para tomar esta decisión es el juez de instrucción”. Peláez ha sostenido, contra lo declarado por Garzón y los policías, que el contenido de las conversaciones sí se utilizaron contra su cliente, porque cuando éste prestó declaración el magistrado ya conocía el contenido de las conversaciones entre ambos y, en consecuencia, su estrategia de defensa.

El abogado reprochó al juez que no custodiara las grabaciones, como le correspondía, sino que las dejara en poder de la Policía y el original en el disco duro de Instituciones Penitenciarias. Tampoco admitió el expurgo de las mismas como excusa para justificar que no se utilizaron datos que pudieran afectar al derecho de defensa. “Lo más grave –dijo- es que se escucharon conversaciones que no debieron haber escuchado. A mí no se me tenía que haber escuchado, porque aunque luego se expurgaran el mal ya estaba hecho”.

Peláez ha concluido su intervención reclamando no solo la condena de Garzón, sino que se establezcan límites básicos y claros en lo referente a la intervención de comunicaciones.

Su colega José Antonio Choclán dijo que “el fin no justifica los medios (…) lo obvio es que con las intervenciones los abogados nos convertimos en sujetos pasivos de una investigación policial (…) se nos trató como si actuáramos no como abogados, sino como delincuentes (…) como si todos los abogados fuéramos corruptos y nos fuésemos a dejar utilizar por nuestros clientes para llevar a cabo actividades delictivas. Ahí reside la prevaricación”.

Choclán, que ejerce la defensa de Francisco Correa, “cerebro” de la trama, insistió en que la ley sólo permite pinchar las comunicaciones entre los terroristas y sus letrados, y dijo que los dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) que Garzón utilizó para justificar los “pinchazos”, éstos no las amparan. Algo que, obviamente, el magistrado no comparte, y tampoco el fiscal. Tras reiterar algunos de los argumentos de su compañero, Choclán echó mano de una frase de Voltaire: “La razón de Estado es la excusa de los tiranos”.

Rodríguez Mourullo insistió en que “la única manera de preservar el derecho de defensa es no escuchar”, y dijo de Garzón que se convirtió “en una suerte de Gran Hermano” que todo lo escuchaba. Mourullo insistió también en que los artículos de la LEC con los que el magistrado intentó blindar las intervenciones no eran aplicables a este caso. “La tesis de que los abogados de los imputados eran correas de transmisión de las órdenes de éstos no figuran ni en la causa ni en los informes policiales”, y recordó que el letrado que les precedió en la defensa de Correa y Crespo, José Antonio López Rubal, fue imputado pero posteriormente resultó exculpado.

Al fiscal Antolín Herrero le escocieron las acusaciones de los letrados, e hizo un inciso previo a su intervención para rebatir las mismas. Acto seguido volvió a reiterar lo dicho en jornadas precedentes, en las que dijo que si Peláez fue grabado es porque acudió a ver a los imputados cuando aún no era su letrado y sin haber pedido previamente autorización para ello. Un extremo que antes rebatió el abogado de la defensa de forma rotunda: “Yo no tengo que pedir permiso instructor porque había sido llamado, si no fuera así no habría podido entrar en la cárcel y los funcionarios de prisiones no me habrían permitido entrevistarme con los internos”. Herrero concluyó lamentando que los letrados de la acusación “tengan tantas dudas sobre el Estado de Derecho de este país”.

La también fiscal Pilar Valcárcel, que intervino tras su compañero, dijo que las intervenciones “perseguían un fin legítimo”, y reconoció que nuestro ordenamiento jurídico no tiene una regulación concreta sobre las intervención de las comunicaciones a los letrados. Recordó que en otros países, como Suecia o EE.UU, sí se permite, y recurrió a un proyecto de ley presentado por el PP en mayo del año pasado para regular las intervenciones que recoge aquellas de las que puedan ser objeto los letrados. También aludió a dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que permiten, según dijo, la intervención de dichas comunicaciones cuando se persigue “un fin legítimo”.

La vista se ha suspendido poco antes de las dos de la tarde y se reanudará a las cuatro y cuarto con la exposición de las conclusiones de la defensa. Tras ésta, Garzón tiene derecho a la última palabra. El juicio quedará entonces visto para sentencia.