Otra querella contra los Ruiz-Mateos abre nuevas líneas de investigación
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INCLUYE LAS INFORMACIONES REVELADAS POR 'EL CONFIDENCIAL'

Otra querella contra los Ruiz-Mateos abre nuevas líneas de investigación

El abogado Joaquín Yvancos, que fue durante 27 años jefe de los servicios legales de Rumasa y Nueva Rumasa, ha presentado hoy en la Audiencia Nacional

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Otra querella contra los Ruiz-Mateos abre nuevas líneas de investigación

El abogado Joaquín Yvancos, que fue durante 27 años jefe de los servicios legales de Rumasa y Nueva Rumasa, ha presentado hoy en la Audiencia Nacional una querella criminal contra los Ruiz-Mateos en representación de unos 200 inversores que pusieron sus ahorros en los pagarés del grupo de empresas de la abeja. La denuncia añade nuevas líneas de investigación al procedimiento que instruye el juzgado central número cinco.

El letrado pide detención y prisión eludible bajo fianza para los seis hijos varones de José María Ruiz-Mateos (Zoilo, Alfonso, Francisco Javier, Álvaro y Pablo), su hija Rocío, el marido de ésta - Luis Ojeda-, Alfonso Barón -empleado de Rumasa-, y Ángel de Cabo -el liquidador de las empresas-, entre otros. En los delitos enumerados figuran apropiación indebida, estafa, alzamiento de bienes, administración desleal y falsificación de documento mercantil. Deja fuera de responsabilidad al patriarca y a su esposa, Teresa Rivero.

El texto hace hincapié en que los casi 400 millones de euros que invirtieron 4.000 ahorradores no sirvieron para el fin publicitado, comprar empresas, sino para inyectar liquidez en Nueva Rumasa, quitar deuda “y pagar gastos corrientes, como los sueldos de los futbolistas del Rayo Vallecano”. La querella asegura que una buena parte de ese dinero ha terminado en “paraísos fiscales” y, sobre todo, en cuentas suizas. Por ello demandan a Alfonso Barón, al que sitúan en el eje de la trama internacional de evasión de capitales. Barón fue director de uno de los bancos de la antigua Rumasa en Suiza.

La querella incluye algunas informaciones reveladas por El Confidencial, como un posible delito de alzamiento de bienes en la venta de obras de arte propiedad de una empresa embargada o los cuantiosos donativos a congregaciones religiosas que se habrían realizado con cargo al dinero que los inversores pusieron en los pagarés y que cifran en más de diez millones de euros.

José María Ruiz-Mateos