El juez Urquía volverá a vestir la toga tras ser condenado por cohecho

“No tengo intención de regresar a la judicatura”. Así lo anunció el juez de Marbella Francisco Javier de Urquía durante una de las vistas del juicio en el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le condenó por cohecho. El tiempo ha demostrado que la estrategia judicial de sus abogados iba por un lado y sus verdaderas intenciones por otro.

Tras un enfrentamiento entre los titanes del CGPJ y el Tribunal Supremo, la Sección Séptima de lo Contencioso-Administrativo del TS reconoce el derecho de Urquía de retornar al servicio activo. Podrá ejercer hasta que sea firme otra resolución del TSJA que condenó al magistrado en junio de 2010 a dos años de prisión y a 17 de inhabilitación para empleo o cargo de juez por un delito de cohecho y otro continuado de prevaricación por ofrecer favores judiciales a cambio de dinero uno de los imputados de la  'Operación Hidalgo' contra el blanqueo de capitales, que él mismo instruyó.

Vida entre Alicante y Marbella

Al magistrado le vuelven a brillar los ojos como antes. Mientras sus abogados luchan por “sus derechos”, el reparte su vida entre Alicante y Marbella. En la ciudad en la que ejerció como titular del juzgado numero 2, ahora desempeña labores como abogado. Su hijo esta escolarizado en la ciudad y él sigue viviendo en la “famosa casa que Roca dijo haberle comprado” y por la que fue penado por un delito de cohecho en una causa separada del caso 'Malaya'.

El Alto Tribunal condenó en sentencia firme a Urquía por un delito de cohecho a 21 meses de suspensión y al pago de una multa de 73.800 euros, tras revisar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que se declaró probado que el entonces juez pidió dinero al presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca.

El destino en Marbella

En la sentencia se indica que la cuestión principal planteada en el recurso es si resulta legalmente posible que un miembro de la carrera judicial mantenga el servicio activo pese a contar con antecedentes penales no cancelados. Asimismo, se apunta que "el examen de la regulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la interpretación sistemática de los preceptos que resultan de aplicación llevan a la respuesta afirmativa".

El Supremo anula dichas resoluciones recurridas por "no ser conformes a derecho" y señala que "resulta evidente igualmente que la propia Ley Orgánica admite la posibilidad de la existencia de miembros de la carrera judicial en activo con antecedentes penales, por lo que no tendría sentido, como hace la Administración recurrida, vincular la existencia de antecedentes con la causa de incapacidad". El Consejo decidió ejecutar una sentencia, declarando la pérdida definitiva por el juez de su destino en el juzgado marbellí.