La Fiscalía ve indicios criminales y apoya la causa contra José Blanco

El cerco contra el ministro José Blanco por el ‘caso Campeón’ se estrecha. La Fiscalía del Tribunal Supremo aprecia indicios de un delito de tráfico de influencias en su conducta, por lo que ha presentado un informe ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el que apoya la apertura de una causa criminal por su presunta implicación en la trama.

El Ministerio Público se ha pronunciado a favor del procesamiento contra el portavoz en funciones del Gobierno a través de un escrito respaldado por el teniente fiscal, Juan José Martín Casallo. En el texto se solicita al Supremo que nombre a un magistrado instructor que comience las investigaciones.

Martín Casallo es la máxima autoridad fiscal en este asunto tras apartarse del mismo el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, ya que reconoció su relación de amistad con el todavía ministro de Fomento.

Fue la Sala Segunda del alto tribunal la que el pasado 11 de noviembre pidió a la Fiscalía que se posicionara y decidiera si apoyaba la apertura del proceso criminal. Ahora, tras el ‘sí’ del Ministerio Público, la Sala debe resolver si admite a trámite la causa del ‘caso Campeón’ que instruye la juez de Lugo Estela San José. La principal prueba incriminatorias son las declaraciones del empresario Jorge Dorribo.  

En el marco de la 'Operación Campeón' sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por la concesión de subvenciones, han sido detenidas 15 personas, entre ellas el empresario farmacéutico Jorge Dorribo y dos altos cargos del Igape, todos ellos en libertad, por su supuesta vinculación en una trama para defraudar subvenciones públicas.

Dorribo ha acusado a Blanco en sus distintas declaraciones ante la juez de Lugo de cobrar comisiones a través de la empresa de instalaciones eléctricas de un primo político, Manuel Bran,  a cambio de gestiones a su favor en Hacienda y Sanidad.

El pasado viernes, el ministro anunció que se retiraba de la primera línea de la política, para quedarse como ‘diputado de base’ por Lugo. Un cargo que le garantiza que cualquier causa contra él debe pasar por un proceso de desafuero.