IGNACIO PELÁEZ DEFIENDE AL EMPRESARIO QUE ACUSA AL MINISTRO DE COBRAR COMISIONES ILEGALES

El abogado que defenestró a Garzón por 'Gürtel' pone ahora contra las cuerdas a Blanco

Ignacio Peláez, ex fiscal de la Audiencia Nacional, abogado de campanillas -y de elevada minuta- y defensor de algunos de los personajes más oscuros del caso Gürtel,

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El abogado que defenestró a Garzón por 'Gürtel' pone ahora contra las cuerdas a Blanco

Ignacio Peláez, ex fiscal de la Audiencia Nacional, abogado de campanillas -y de elevada minuta- y defensor de algunos de los personajes más oscuros del caso Gürtel, practica la caza mayor. Primero se cobró la pieza de Baltasar Garzón, forzando su suspensión por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras querellarse contra él por intervenir ilegalmente las conversaciones en prisión de los imputados en la trama corrupta encabezada por Francisco Correa. Y ahora tiene acorralado y en el punto de mira al portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco.

Su munición se llama Jorge Dorribo, un empresario gallego procesado por cohecho y fraude fiscal, entre otros delitos, que asegura haber pagado al número dos del PSOE 400.000 euros en comisiones, a través de un primo político de éste, Manuel Bran, a cambio de que intercediera a su favor para obtener ayudas millonarias del Ministerio de Economía y de la Xunta de Galicia. Blanco negó ayer esas acusaciones y anunció que este jueves presentará una querella por calumnias contra Dorribo, cliente de Peláez, en los juzgados de Lugo.   

En mayo de 2010 el CGPJ suspendió cauterlamente a Garzón, que hasta ese momento ejercía como magistrado de la Audiencia Nacional, por investigar los crímenes del franquismo sin tener competencias para ello. Casi un año después, el pasado mes de abril, el órgano de gobierno de los jueces volvía a suspenderlo de sus funciones, esta vez por haber ordenado interceptar las comunicaciones que los principales implicados en el caso Gürtel -Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez- mantuvieron en la cárcel con sus abogados.

El detonante de esta segunda suspensión fue la querella por prevaricación e interceptación ilegal de comunicaciones que Peláez interpuso contra Garzón ante el Tribunal Supremo, que fue admitida a trámite por la Sala de lo Penal. El abogado argumentó que el magistrado de la Audiencia Nacional autorizó esos pinchazos en prisión siendo "perfectamente conocedor de la ilicitud e ilegalidad que estaba cometiendo".

Peláez era en ese momento el defensor del empresario leonés José Luis Ulibarri, entonces muy cercano al presidente del GobiernoJosé Luis Rodríguez Zapatero, e imputado en el caso Gürtel por haber pagado supuestamente tres millones de euros a Correa a cambio de que éste mediase ante el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, El Albondiguilla, para dar un pelotazo urbanístico en esa localidad madrileña.

Blanco, contra las cuerdas

Esta vez Peláez apunta aún más alto: nada menos que contra el portavoz del Gobierno y número dos del PSOE. Su ariete para tratar de derribar a Blanco, el empresario Dorribo, fue detenido el pasado 24 de mayo en el transcurso de la llamada Operación Campeón contra el fraude en la concesión de subvenciones públicas en Galicia, e ingresó en la prisión de Bonxe (Lugo) por orden de la jueza Estela San José, imputado por delito fiscal, blanqueo de capitales, fraude, cohecho, falsedad en documento mercantil y alzamiento de bienes.

El imperio levantado prácticamente de la nada por el industrial gallego -pasó de humilde cartero y propietario de un pequeño comercio de pieles a multimillonario magnate de la industria farmacéutica- comenzó a desmoronarse. Y Dorribo, encerrado entre los barrotes de la cárcel de Bonxe, también se vino abajo.

El empresario contrató entonces los servicios de Peláez. Y éste lo sacó de prisión en poco más de dos meses: a principios del pasado mes de agosto el empresario salía de la cárcel en libertad provisional. El abogado, según las fuentes consultadas por El Confidencial, persuadió a su cliente para que colaborase con la jueza San José. Y Dorribo, siguiendo la estrategia diseñada por aquél, cantó de lo lindo.

El industrial gallego confesó a la jueza que pagó 400.000 euros en comisiones a Blanco, otros 350.000 al ex consejero de la Xunta y parlamentario del BNG Fernando Blanco y 200.000 más al diputado autonómico del PP Pablo Cobián. Estos dos últimos han presentado su dimisión en las últimas 48 horas, dejando al ministro de Fomento en una situación muy comprometida. Pero Blanco sigue aferrado a todos sus cargos.

Las acusaciones de Dorribo no trascendieron públicamente hasta esta misma semana. El sumario que instruye San José en el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo sigue estando bajo secreto, pero Peláez, según las fuentes consultadas, habría filtrado los pormenores de la confesión de su cliente al diario El Mundo. El abogado, sin embargo, se ha negado a responder a los múltiples intentos de El Confidencial por contrastar éste y otros detalles.        

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