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Los ‘indignados’ pierden su primera batalla judicial: la actuación de la Policía fue “ajustada”
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VARIOS AGENTES FUERON DENUNCIADOS POR MALOS TRATOS

Los ‘indignados’ pierden su primera batalla judicial: la actuación de la Policía fue “ajustada”

Los indignados han perdido su primera batalla judicial. La semana pasada, varios de los manifestantes que se enfrentaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

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Los ‘indignados’ pierden su primera batalla judicial: la actuación de la Policía fue “ajustada”

Los indignados han perdido su primera batalla judicial. La semana pasada, varios de los manifestantes que se enfrentaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente al Ministerio del Interior, decidieron actuar judicialmente contra cuatro agentes de la Policía. Les denunciaron por presunto delito de malos tratos durante la detención de dos de ellos.

El titular del Juzgado de Instrucción número 36 les citó hoy para declarar y, después de escuchar la versión de los hechos de los policías, ha decidido archivar el asunto. En su opinión, no hay ningún indicio de que los agentes agredieran ni maltrataran a ninguno de los manifestantes el pasado día 4.

Es más, defiende de manera taxativa la actuación de los agentes, “ajustada” a la situación que estaban viviendo de altercados frente a la sede ministerial. Los indignados anunciaron a 'bombo y platillo' que iban a denunciar a la Policía por la agresividad y el abuso empleado contra ellos. Dieron incluso una rueda de prensa para comunicar su decisión. Y lo único que han conseguido es que el juez les ponga en evidencia.

Juan Antonio Toro explica en su auto de sobreseimiento que, de los cuatro agentes denunciados, dos de ellos ni siquiera participaron en los altercados ni en las detenciones. El texto recalca que estos dos policiales “ni han intervenido en el comienzo ni en la detención, ni existe dato objetivo alguno que pueda poner en duda su adecuada participación en su conducta, por lo que es necesario apreciar el principio 'in dubio pro reo' respecto a la presunción de inocencia”.

El magistrado señala que, aun habiendo actuado de manera indebida, al no haber ni un solo dato que demuestre su presencia en los hechos denunciados debe quedar sobreseído por las “estructuras sociales” de nuestro país, en el que se actúa con una “declaración negativa de culpabilidad”. Esto quiere decir, que es menos gravoso dejar en libertad a un culpable que condenen a un inocente.

Respecto a los otros policías que sí intervinieron en la detención de los dos denunciantes, el juez recoge que, tras el reconocimiento, el médico forense concluyó en su informe que no presentaban ninguna lesión. Esta conclusión, junto a la declaración de los denunciados, “hace que se considera su conducta ajustada a la situación que estaban soportando en ese momento”. No se puede desvirtuar su presunción de inocencia. No hay indicios y por lo tanto, el caso queda cerrado.

Los acusadores ‘acusados’

Quienes sí se deberán enfrentar a la justicia son los dos denunciantes, Alexander A. y Jaime G., a quienes el juez les ha abierto un procedimiento por desobediencia al negarse a identificarse a la policía cuando fueron detenidos y por daños a un coche que en todo caso no está cuantificado en más de 400 euros. Concretamente, Alexander A., natural de Honduras, fue detenido tras reventar los neumáticos de una de las furgonetas de los antidisturbios.

El segundo asalto podría comenzar la próxima semana. Varias asociaciones laicas han convocado una manifestación 'anti-papa' aprovechando la visita de Benedicto XVI a Madrid. El trayecto de esta marcha, apoyada por parte de los indignados, no ha sido aprobada por la delegación de Gobierno, que le ha prohibido que pasen por la Puerta del Sol. Lo único que les permiten es que se concentren en la madrileña zona de Lavapiés. Los convocantes ya han anunciado que van a incumplir la orden y, por tanto, podrían llegar de nuevo a los tribunales.

 

Los indignados han perdido su primera batalla judicial. La semana pasada, varios de los manifestantes que se enfrentaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente al Ministerio del Interior, decidieron actuar judicialmente contra cuatro agentes de la Policía. Les denunciaron por presunto delito de malos tratos durante la detención de dos de ellos.