El ‘caso Faisán’ le estalla al candidato Rubalcaba en plena carrera presidencial

La carrera presidencial del candidato Alfredo Pérez Rubalcaba se vio ayer sacudida por el procesamiento de la cúpula de la Policía como autora del chivatazo a ETA que en 2006 desbarató una operación contra la red de cobro del “impuesto revolucionario” que operaba desde el bar Faisán de Irún. El PP le declaró “inhabilitado” para cualquier cargo público y reclamó su retirada. La filtración tuvo lugar en pleno proceso de diálogo entre el Gobierno y la banda terrorista, y entre las personas que iban a ser detenidas figuraba el dirigente del PNV Gorka Aguirre, ya fallecido, por mediar en el pago de un chantaje.

El chivatazo le estalló a Rubalcaba cuando tomaba posesión de su nuevo despacho en la sede del partido en Ferraz para empezar a trabajar en la próxima campaña electoral. Tampoco tuvo suerte Antonio Camacho, su sucesor al frente de la cartera de Interior, que se estrenó en la bancada azul del Gobierno con el procesamiento del ex director de la Policía y actual secretario de Organización de los socialistas alaveses, Víctor García Hidalgo, del jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies, y del inspector José María Ballesteros.

El propio Rubalcaba se apresuró ayer noche a restar importancia al auto en declaraciones a Telecinco en las que dijo que son los tribunales los que determinarán la responsabilidad de los procesados, y acusó al PP de querer “sembrar dudas y sombras” en la política antiterrorista del Gobierno. El exministro recordó que la operación contra la red de extorsión se llevó finalmente a cabo un mes más tarde y en ella fueron detenidos todos sus integrantes. Un argumento que ha utilizado en reiteradas ocasiones para responder en el Congreso a las también reiteradas preguntas del PP.

Alarma en el PSOE.

Horas antes de las explicaciones de Rubalcaba el auto de procesamiento había caído como una bomba en las filas del PSOE por las imprevisibles consecuencias que puede tener en la carrera presidencial del candidato. Antonio Hernando, portavoz socialista en la Comisión de Interior del Congreso, convocó a los medios nada más trascender el auto para intentar minimizar su contenido. “Estamos ante un procedimiento judicial abierto –ya veremos cómo termina-,en el que queda meridianamente claro que el actual ministro del Interior, Antonio Camacho, ha sido exculpado totalmente, y respecto al anterior ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba, ni siquiera se le menciona”, manifestó a modo de exculpación de ambos.

Justo lo contrario que el PP, cuya portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que Rubalcaba está “deslegitimado” para presentarse como candidato del PSOE a las elecciones generales. “Una noticia como ésta lo inhabilita para cualquier cargo público –dijo-. No podemos pedirle explicaciones parlamentarias (ya no es ministro), pero eso no quiere decir que no tenga que dar explicaciones políticas”.

Santamaría no desaprovechó la ocasión para recordar que su grupo parlamentario ha planteado numerosas preguntas sobre el caso al ya exministro, del que dijo que “siempre se ha refugiado en lo que digan los tribunales. Hoy, el equipo íntimo, los más cercanos, han sido procesados”. Y aunque Rubalcaba no tenga ya que responder las preguntas de los populares, éstos han anunciado que en el pleno de la próxima semana presentarán una batería de preguntas para que las responda Antonio Camacho.

La agenda política.

Los tres procesados disponen de tres días para recurrir su procesamiento ante el juez, que los ha citado a declarar el próximo día 19, lo que incorpora el caso a la agenda política de las próximas semanas e, incluso, meses. Un serio problema para Rubalcaba y el PSOE, y una baza política para el PP, que a las críticas por la crisis económica añadirá ahora el caso Faisán.

El chivatazo a ETA (4 de mayo de 2006) quince días después de que Rubalcaba fuera nombrado por Rodríguez Zapatero ministro del Interior para gestionar el proceso de paz abierto con la banda terrorista. El mismo día que tuvo lugar la filtración el entonces presidente del PNV, Josu Jon Imaz, se entrevistó en La Moncloa con el presidente del Gobierno para trasladarse el apoyo de su partido a los contactos con ETA. La banda rompió la tregua decretada meses antes, y con ello el proceso de paz, con la detonación de un coche-bomba en el aparcamiento de la T4 del aeropuerto de Barajas (Madrid) en diciembre de ese mismo año.