El juez estrecha el cerco a Urdangarín para aclarar el destino de 1,2 millones de euros

El cerco judicial sobre Iñaki Urdangarín, salpicado por el caso Palma Arena, se estrecha cada vez más. El juez José Castro, que investiga el presunto desvío de fondos públicos para la construcción de un velódromo en la capital balear y el supuesto enriquecimiento ilícito del ex presidente autonómico, Jaume Matas, ha imputado al empresario Diego Torres, antiguo socio de Urdangarin y cofundador, junto al yerno del Rey, del Instituto Nóos, que cobró 1,2 millones de euros del Gobierno de las islas por organizar unas jornadas sobre turismo y deporte de tres días de duración.

Matas, principal imputado en el caso Palma Arena, firmó en 2005 un convenio con el Instituto Nóos, presidido entonces por Urdangarín, para que esta entidad dedicada al mecenazgo y patrocinio deportivos organizase el Fórum Illes Balears Tour Sport, que se celebró en noviembre de aquel año. El Ejecutivo regional pagó a Urdangarín y Torres 1,2 millones de euros por sus servicios, pero éste y otros detalles del convenio se guardaron bajo siete llaves hasta que, en febrero de 2006, el PSOE de Baleares destapó la operación y exigió explicaciones a Matas en el Parlamento autonómico.

Tras estallar el escándalo, el Duque de Palma abandonó precipitadamente la presidencia del Instituto Nóos, una salida forzada por su propio suegro. Don Juan Carlos, preocupado por el daño que los opacos negocios de Urdangarín podían provocar en la imagen de la Casa Real, presionó a su yerno hasta que éste renunció a la presidencia de Nóos, que fue asumida por Torres, su socio y amigo. El marido de la infanta Cristina de Borbón fue entonces nombrado consejero de Telefónica Internacional, y en 2009 se trasladó con su familia a Washington como consejero de Telefónica Latinoamérica.

Malversación, prevaricación, falsedad...

Ahora, el juez Castro ha imputado a Torres, íntimo amigo y ex socio de Urdangarín, en una pieza separada del sumario del caso Palma Arena. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca abríó esa pieza el pasado mes de julio para seguir el rastro a los 1,2 millones de euros que Matas pagó a Nóos y determinar si hubo malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. Castro reclamó al Gobierno balear y a Nóos que justificasen documentalmente el destino de aquella cantidad, pero ni uno ni otro han podido acreditarlo hasta el momento.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron ayer a El Confidencial que, tras la imputación de Torres -que era vicepresidente de Nóos cuando se cerró la operación con el Ejecutivo de Matas-, Urdangarín también podría ser imputado, ya que el yerno del Rey era entonces el presidente de la entidad. Según estas fuentes, la razón de que el juez haya procedido primero contra Torres es que fue éste el que se personó en la causa después de que las Fuerzas de Seguridad, siguiendo órdenes de Castro, no pudiesen localizar la sede de Nóos. El ex socio de Urdangarín no aportó al juez una sola factura o justificante de los 1,2 millones cobrados.

El juez ha citado a declarar a Torres el próximo día 22, aunque, según fuentes judiciales consultadas por Europa Press, Castro ha accedido a retrasar la fecha a petición del imputado. El Confidencial se puso ayer en contacto con la sede de ESADE en Barcelona, donde el ex socio de Urdangarín ejerce como profesor asociado del Departamento de Política de Empresa, pero Torres no respondió a las llamadas. 

Gracias al formidable entramado de contactos institucionales tejido por Urdangarín al abrigo de su parentesco con el Rey, el Instituto Nóos también se benefició de jugosos contratos otorgados a dedo por la Generalitat valenciana. El Gobierno autonómico presidido por Francisco Camps desembolsó en 2005 más de tres millones de euros para que la entidad dirigida entonces por Urdangarín promocionara la candidatura de Valencia como sede de los I Juegos Europeos, que jamás llegaron a celebrarse.