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Magdalena Álvarez firmó ayudas a empresas utilizadas en presuntos falsos EREs
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SEGÚN UNA QUERELLA DEL PP ANDALUZ

Magdalena Álvarez firmó ayudas a empresas utilizadas en presuntos falsos EREs

La ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía Magdalena Álvarez firmó en 2001, 2002 y 2003 ayudas a empresas presuntamente utilizadas en

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Magdalena Álvarez firmó ayudas a empresas utilizadas en presuntos falsos EREs

La ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía Magdalena Álvarez firmó en 2001, 2002 y 2003 ayudas a empresas presuntamente utilizadas en prejubilaciones falsas en Andalucía, según consta en la querella presentada ayer por el PP-A a la que ha tenido acceso El Confidencial.

 

En los PAIF (Programas de Actuación, Inversión y Financiación) de la Junta de Andalucía no figura información alguna referente a ayudas de empresas en crisis, ni para prejubilaciones de trabajadores afectados por EREs. Sin embargo, en el PAIF del ejercicio de 2004 en la memoria que hace referencia a la liquidación de 2002 se cita expresamente las modificaciones presupuestarias destinadas a estas compañías.

“Durante el ejercicio el Instituto [IFA, actual IDEA] gestionó un volumen creciente de recursos procedentes de convenios suscritos con diferentes direcciones generales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, que no encontrándose previstas inicialmente, fueron objeto de las preceptivas modificaciones presupuestarias”, explica la querella.

Como ya informó este diario el pasado 10 de marzo, el Gobierno andaluz presidido por Manuel Chaves incumplió las recomendaciones internas de control de subvenciones. La Junta de Andalucía pagó 199 millones de euros en ayudas a empresas, aunque sólo se presupuestaron 38 millones, según el informe de Intervención General de la Junta enviado en 2005 a la Consejería de Empleo.

En el caso de las ayudas firmadas por Magdalena Álvarez en su etapa de consejera de Economía y Hacienda de la Junta, el PAIF de 2001 recoge 3,3 millones de euros en el haber del presupuesto de explotación como previsión de ingresos por subvenciones de explotación procedentes de la Junta de Andalucía. El PAIF del ejercicio 2002 incluye como avance de la liquidación del 2001 una cuantía de 20,8 millones, pero en el PAIF de 2003 la liquidación que se incluye en el documento presupuesto de explotación relativa a las transferencias de explotación del ejercicio 2001 es de 0 euros.

 

De 0 euros a 72 millones

La denuncia del PP especifica que para la confirmación de estas cifras se “ha revisado” la liquidación del presupuesto de la Consejería de Empleo que reflejan unas “previsiones iniciales de 0 euros y unas previsiones definitivas y obligaciones reconocidas ambas por un importe de 72, 2 millones de euros”.

La contabilidad presupuestaria de la Junta de Andalucía pone de manifiesto que el IFA recibió en el ejercicio de 2001 unas transferencias en materia de Relaciones Laborales por importe de 72,2 millones de euros. Eso sí, no se incluye en la memoria referencia alguna a la firma del convenio marco con la Consejería de Empleo ni a actuaciones por parte del IFA en materia de Relaciones Laborales.

En el ejercicio 2002 se continuó con idéntico modus operandi. En el presupuesto de explotación se incluye como previsión para el ejercicio 2002 de un total de 56 millones de euros. El PAIF del ejercicio 2003 incluye como avance de la liquidación del 2002 una cuantía de 56, 3 millones, pero en el PAIF de 2004 la liquidación que se incluye en el documento presupuesto de explotación relativa a las transferencias de explotación del ejercicio 2002 es de 20 millones.

La confirmación de estas cifras con la liquidación del presupuesto de la Consejería de Empleo pone de manifiesto unas “importantes diferencias” ya que las previsiones iniciales ascienden a 34,3 millones y las previsiones definitivas y las obligaciones reconocidas a 66,5 millones.

 

Diferencias presupuestarias

Es decir, la contabilidad presupuestaria de la Junta de Andalucía pone de manifiesto que el IFA recibió en el ejercicio de 2002 unas transferencias en materia de Relaciones Laborales por importe de 66,5 millones. La diferencia con respecto a la liquidación reflejada en el PAIF 2004 es de 46,4 millones.

En el cuadro de Fuentes de Financiación a recibir de la Junta de Andalucía relativo a las transferencias de explotación se incluyen 28, 9 millones bajo el epígrafe de “Reestructuración del sector industrial” y cuya aplicación es para “Ayudas a las empresas industriales, comerciales y de servicios”. El total de transferencias corrientes recibidas por el IFA, que refleja este cuadro, asciende a 30,2 millones de euros.

El PAIF del 2003 detalla en el cuadro de Fuentes de Financiación a recibir de la Junta de Andalucía relativo a las transferencias de explotación la partida de la que se recibe la transferencia y el concepto de aplicación de la transferencia. “En este caso, la transferencia del programa 31L se aplicará para relaciones laborales y fomento de la minería. Por un importe de 55,6 millones de euros, importe coincidente con la cifra que recoge la liquidación presupuestaria de la Consejería de Empleo”, figura en la querella.

Según la denuncia del PP, en el PAIF del ejercicio 2005 se refleja la liquidación de 2003 que   incluye como transferencia de financiación de explotación un importe de 28,5 millones de euros, “cifra muy inferior que la reflejada en la liquidación de la Consejería de Empleo”.

En el PAIF de 2004 en el que se detalla el avance de la liquidación del año 2003 que se incluye en la memoria dice textualmente: “El Instituto ha gestionado recursos procedentes de Convenios suscritos con diferentes Direcciones Generales tendentes por un lado a propiciar el desarrollo de empresas y entes locales y, por otro, a facilitar la organización y funcionamiento del recientemente creado Servicio Andaluz de Empleo (SAE) organismo que ejecutará las competencias en materia de políticas activas de empleo transferidas en 2003”.

La ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía Magdalena Álvarez firmó en 2001, 2002 y 2003 ayudas a empresas presuntamente utilizadas en prejubilaciones falsas en Andalucía, según consta en la querella presentada ayer por el PP-A a la que ha tenido acceso El Confidencial.

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