El ex director de la Policía pide al juez que archive el chivatazo por falta de pruebas

Victor García Hildago, ex director general de la Policía, ha pedido al juez Pablo Ruz que archive la investigación del chivatazo por falta de pruebas en su contra. El magistrado pidió el pasado martes la identificación de los usuarios de dos móviles que cruzaron varias llamadas con él la noche previa a la filtración y la misma mañana en que se produjo la misma. Uno de esos teléfonos corresponde al Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.

El pasado 24 de enero Pablo Ruz rechazó el sobreseimiento y archivo de la causa como pedían el fiscal y las defensas de los tres imputados, acordó la transformación de lo que eran unas diligencias previas en sumario, y ordenó la práctica de nuevas pruebas. Fernando Bejerano, letrado de García Hidalgo, presentó cuatro días después un recurso de reforma contra la decisión del juez, en el que reitera la inocencia del que fuera máximo responsable policial y recuerda que hace más de un año (el 1 de octubre de 2009) el fiscal ya pidió el archivo de la causa por falta de pruebas.

El abogado reitera una y otra vez en el recurso que no existe un “mínimo indicio de criminalidad en la conducta”, ni “ningún aval probatorio que pueda mantener, ni tan siquiera indiciariamente”, la participación de García Hidalgo en la filtración que desbarató una operación contra la red de extorsión de ETA. Bejerano reprocha al juez que, pese a ello, mantenga “formalmente viva una grave imputación”, con los consiguientes “perjuicios personales y profesionales” para su defendido.

La defensa dice que la única prueba del chivatazo es la grabación de la conversación entre Joseba Elosua, dueño del bar Faisán, y su yerno, Carmelo Luquin, en la que el primero le cuenta que una persona había entrado en el establecimiento y le había dado un móvil a través del que otro desconocido le advirtió de la operación policial en marcha.

La investigación policial que llevó a la imputación del ex director de la Policía, del jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y del inspector José María Ballesteros como presuntos autores de la filtración se sustenta en la secuencia de llamadas entre los tres la mañana del chivatazo y la noche anterior, y en la ubicación física de éste último en las inmediaciones del domicilio de Elosua y del Faisán.

El letrado de García Hidalgo dice que los investigadores no pueden acreditar el contenido de las citadas llamadas, “no existiendo posibilidad probatoria alguna de contradecir lo referido en las declaraciones de los intervinientes” que, obviamente, niegan su implicación en la filtración. Otro elemento a su favor, dice el abogado, es que Elosua no ha identificado a Ballesteros como la persona que le entregó el móvil. Como consecuencia de ello, Bejerano afirma que García Hidalgo “nunca quedará conectado con los hechos por indicio de la suficiente solvencia necesaria, por la sencilla razón de que ninguna participación tuvo en los mismos”.

El juez Pablo Ruz pidió el martes al Ministerio del Interior que identifique a los usuarios de tres tarjetas prepago Movistar titularizadas a nombre de la Subsecretaría del departamento, precisamente por el cruce de llamadas que tuvieron el día del chivatazo con los imputados, entre ellos García Hidalgo.