Roca pacta con la Fiscalía poner nombres y apellidos a las iniciales de su lista de sobornos

Las siglas que figuran en el grueso de la investigación del Caso Malaya, recogidas en los archivos de la empresa Maras Asesores, en los que Juan Antonio Roca dejó explícitamente detallados los pagos de diferentes empresarios a cambio de favores urbanísticos, así como la de sus propios sobornos a la alcaldesa, concejales y algunos funcionarios del Ayuntamiento de Marbella, podrían dejar de ser meras iniciales. Tal es así que, en las próximas comparecencias judiciales del ex asesor, aparecerán con nombres y apellidos.

 

Según fuentes de toda solvencia, éste sería uno de los acuerdos a los que habrían llegado Fiscalía y Roca en las reuniones mantenidas durante este último mes mientras el Tribunal estimaba las cuestiones previas.

 

En sus anotaciones, el ex asesor de Urbanismo no reflejó completos los nombres de las personas que aparecían en la agenda de Maras. Sólo escribía sus iniciales al lado de las cantidades. La realidad es que los nombres de los ediles y los empresarios coinciden con las iniciales. Sin embargo, éstas no son pruebas suficientes para el Tribunal. Y por estas consideraciones de forma, podría tambalearse la acusación a los imputados.

 

De hecho, en las cuestiones previas algunos imputados ya se valieron de esta circunstancia como argumento de defensa. Así, el abogado Javier Saavedra explicó que, aunque en los pagos de la caja B aparecieran las siglas de JM, "no era prueba suficiente" para haber mantenido a Julián Muñoz en prisión porque JM podría ser cualquiera. Es por ello por lo que la Fiscalía, para evitar esta línea de defensa, habría pactado con Roca llamar a cada uno por su nombre.

 

Ya en su día fueron sorprendentes las inesperadas revelaciones del presunto cerebro de la trama cuando, nada más empezar la segunda sesión del juicio por el Caso Urquía, admitió haber entregado dinero al juez tras pedirle éste "que le echara una mano en la compra de una vivienda". Hasta ese momento, Roca había negado siempre que hubiera ayudado al juez. Después, sin embargo, pactó con la Fiscalía y precisó con todo tipo de detalles que entregó al magistrado, en una supuesta reunión que ambos mantuvieron en su despacho el 17 de marzo de 2006, dos sobres que contenían un total de 73.800 euros para "la entrada" de su casa para que el magistrado le ayudara "en algún tema judicial". Esto mismo es lo que puede ocurrir ahora.

 

El precio del silencio