La exculpación de los mandos de la Udyco, clave en el juicio de Malaya

Valentín Bahut, el comisario que dirigió la operación Altillo de Roca, es decir, el registro del lugar en el que el presunto cerebro de la trama Malaya había escondido los documentos en los que se encontraron las siglas “JAG”, guardó en su despacho durante nueve meses el informe que ha abierto el cajón de los truenos durante la vista oral del juicio, después de que este miércoles el abogado del constructor Rafael Gómez, Sandokán, afirmase que el comisario jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González, podría estar tras dichas siglas.

El informe policial no fue entregado en todo ese tiempo al juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres, a incitativa del mando policial. Según ha podido saber El Confidencial de fuentes policiales, esa fue “la baza que utilizo el comisario de Udyco en su juego para dilatar el proceso y negociar para él una salida airada en su propia imputación judicial, ya que desde hacia tiempo le investigaban Asuntos Internos”.

El informe elaborado por Udyco Costa del Sol sobre las referencias de Juan Antonio Roca a miembros de la cúpula policial en Madrid -a los que presuntamente sobornó con 200.000 euros- se entregó al juez el día 10 de enero, precisamente el día en que la Policía anunció la sustitución de Valentín Bahut como jefe de Udyco-Costa del Sol y su traslado a la comisaría de El Palo (Málaga). Nadie entendía entonces por qué pasó tanto tiempo desde que se encontraron los papeles en el zulo de Roca hasta la entrega del informe. El modus operandi habitual en estos casos es que los informes policiales se remitan casi de inmediato al juez instructor sin dilatarse en el tiempo tanto como ocurrió con el procedimiento 4.796/05.

Tras los pasos de Bahut y Marijuán

Todo el asunto salió a la luz porque Asuntos Internos seguía los pasos de los dos mandos de la Udyco, Valentín Bahut y José Alfredo Marijuán, un año antes de Malaya. Oficialmente, se explicó que el seguimiento se debía a que existían fundadas sospechas de que ambos mandos estaban extorsionando a empresarios y dueños de locales de alterne.

Sin embargo, fue el plan de huida de la justicia del mafioso italiano Marco Torello Rollero, pergeñado por estos dos inspectores de policía, lo que les costaría la imputación penal. La condena impuesta por la Audiencia Provincial: 18 meses de cárcel, once años de inhabilitación y una multa de 4.500 euros. Posteriormente, el Tribunal Supremo anuló la condena, al declarar ilegales las escuchas telefónicas del caso.

La anulación de esta sentencia ha sentado jurisprudencia y ha servido de base a los letrados de la operación Malaya que se basan en la ilegalidad de las escuchas de sus defendidos. Los magistrados aplicaron los mismos argumentos que esgrimen hoy las defensas de los malayos para considerar ilegales las intervenciones telefónicas realizadas en la operación: se trataban de pinchazos prospectivos, realizados por corazonadas o rumores más que por la existencia de indicios o sospechas objetivas, según aducen. El Supremo, en su exculpación de los mandos de la Udyco, recordó a la Policía y a la Audiencia Provincial que la ley reserva las intervenciones a situaciones extremas, una vez agotadas otras vías de investigación, cosa que no ocurrió. ¿Se han ido marcando las pautas para la nulidad del proceso más mediático del momento? Alea Jacta est para Malaya.