Interior trasladó a 80 agentes de Policía para detener a Ripoll

El Ministerio del Interior movilizó el pasado miércoles desde Madrid a 80 agentes de la Policía Nacional para que detuvieran al presidente de la Diputación de Alicante, el popular José Joaquín Ripoll. Un impresionante despliegue, “desproporcionado”, según ha criticado el Partido Popular, que viajó hasta la capital alicantina para poner en marcha, a primera hora del miércoles, la denominada Operación Brugal, una supuesta nueva trama de corrupción vinculada al PP de la Comunidad Valenciana.

Según han revelado varios dirigentes del Partido Popular, entre ellos el vicesecretario de Comunicación, Estebán González Pons, el número de efectivos desplazados desde la capital de España en diferentes furgones ascendió a 80 agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal y de la Brigada de Blanqueo de Capitales. Un dato que, sin embargo, no se ha querido aclarar por parte del Ministerio del Interior ni por parte de su titular, Alfredo Pérez Rubalcaba, que guardó durante todo el día un clamoroso silencio sobre lo ocurrido. “No vale que el ministro se haga el bueno y llame la noche antes para avisar de lo que va a pasar”, explican a este diario fuentes del PP en referencia al supuesto chivatazo que Interior habría dado a los populares. “Está actuando así porque sabe que le hemos pillado y sabemos a qué tipo de operaciones se dedica”.

“Se cortaron calles y se ubicaron furgonetas en las esquinas como si hubiera algún tipo de riesgo", se quejó Pons en rueda de prensa. Y es que, la puesta en escena de las detenciones practicadas a lo largo del miércoles, con las televisiones y algunos periodistas avisados de antemano de lo que iba a ocurrir con el presidente de la Diputación y a menos de una semana del próximo debate sobre el estado de la nación, centró buena parte de las críticas expresadas ayer por diferentes líderes del Partido Popular. Muy molestos todos con el hecho de que los cargos del PP hayan sido, de nuevo, expuestos ante las cámaras y sometidos al veredicto de la audiencia sin que ni siquiera hayan sido imputados por el juzgado de  Orihuela.

La propia secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal responsabilizó al titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de orquestar una “auténtica persecución contra su partido”. Actuaciones que, de enmarcarse dentro de la legalidad, “estarían legitimando las detenciones preventivas al margen de controles judiciales, propias de las dictaduras”.

La número dos del PP acusó a Rubalcaba de utilizar las instituciones para atacar a la oposición, aún a costa de los propios derechos fundamentales. Y avisó que no cejará “hasta desenmascarar a los que se creen que tienen los instrumentos del Estado a su servicio, con fines absolutamente deleznables y espurios”.

Por la mañana González Pons ya se había expresado aún con mayor contundencia que la manifestada por Cospedal. El vicesecretario de Comunicación acusó a Rubalcaba de “poner en entredicho” el Estado de Derecho con un despliegue policial “espectacular y cinematográfico”. Y reconoció que en el PP ha crecido la alarma ante la posibilidad de que el Ministerio del Interior esté utilizando los recursos de la Policía Nacional para hacer publicidad del Gobierno socialista, a costa de la dignidad y los derechos fundamentes de algunas personas.

Unas declaraciones excesivamente contundentes que no gustaron, sin embargo, en el entorno de Mariano Rajoy por considerar que fueron excesivamente duras con un caso en el que muchos en el partido dan por sentada la imputación judicial de Ripoll en los próximos días.